Incidente de apelación en autos RIOS GUSTAVO MACH SOBRE 23 - EJECUCION MULTA DETERMINADA POR CONTROLADOR
La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la apelación del Gobierno contra la declaración de prescripción de una multa debe ser considerada procedente, por tratarse de una cuestión constitucional que afecta el derecho al debido proceso, pese a que el monto reclamado no supera los límites económicos para apelar según normativa local.
¿Qué se resolvió en el fallo?
En el caso corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de grado que declaró la prescripción de la sanción y, en consecuencia, dispuso archivar el expediente. El "A quo" concedió libremente el recurso de apelación interpuesto por el Mandatario del Gobierno de la Ciudad por considerar que el mismo se dirige contra la sentencia definitiva (art. 221, inc. 1, y cc., ley 189) y además, a fin de tutelar el derecho al recurso de la parte ante una decisión adversa. Sin embargo, al analizar la procedencia de la impugnación deducida se advierte que la suma reclamada en este proceso es de pesos un mil ($1.000), de modo que no supera el límite impuesto por el artículo 221, último párrafo, del Código Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como tampoco aquél impuesto por el artículo 458 de la citada normativa, que rige para el caso y que, conforme Resolución N° 164/CMCABA/22 del 12 de agosto de 2022, fija el monto mínimo de apelación en la suma de pesos doscientos setenta mil ($270.000).
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