PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS LUNA, Claudia Liliana Y OTROS SOBRE 181 INC. 1 - USURPACION (DESPOJO)
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso queja por la denegación de un recurso de inconstitucionalidad en un incidente de apelación sobre un sobreseimiento en un caso de usurpación. El Tribunal revoca la decisión de Cámara que rechazó la apelación y ordena que sea tratado conforme a los argumentos presentados.
Actor: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en calidad de quejosa) Demandado: Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Objeto: Que se declare la procedencia del recurso de inconstitucionalidad y se revoque el rechazo in limine de la apelación, permitiendo su tratamiento. Decisión: Se hace lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, revocando la decisión de la Cámara de no admitir la recurso de apelación, y se ordena que la causa sea devuelta para que sea tratado el recurso de apelación interpuesto.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La mayoría de los jueces consideró que la Cámara, al rechazar in limine la apelación, no analizó si la Procuración tenía interés legítimo para impugnar la decisión judicial, vulnerando normas constitucionales y legales sobre el ejercicio de la defensa y representación de los intereses públicos. La Cámara basó su rechazo en una interpretación restrictiva del carácter de la Procuración, omitiendo considerar que, en virtud del art. 134 del CCABA, puede ejercer la defensa del patrimonio y representar en procesos en los que se controviertan sus derechos o intereses, sin requerirse que sea parte en el proceso. La resolución impugnada fue considerada arbitraria y violatoria del derecho a la defensa, por lo que correspondía su revisión en sede de queja y en el marco del control de constitucionalidad. Los jueces también señalaron que la interpretación normativa de la Cámara afectaba derechos constitucionales y que la recurrente había presentado una crítica concreta y fundada.
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