GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en OLIVERIO, ANDREA LUCIA CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

- Quién demanda: Andrea Lucía Oliverio

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Equiparación salarial con el agrupamiento “Asistencia a la Salud y Apoyo Social” y pago de diferencias salariales, más intereses.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones declaró desierto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, confirmando que la sentencia de primera instancia fue correcta en aplicar los principios constitucionales de retribución justa y de igual remuneración por igual tarea, y que no existía vulneración de derechos constitucionales por parte del fallo. Además, se consideró que el GCBA no cuestionó adecuadamente la decisión de fondo, sino que repitió agravios ya analizados y desestimados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia de primera instancia había reconocido que la actora realizaba tareas correspondientes a un puesto superior y que el salario asignado no contemplaba las funciones efectivamente desempeñadas, violando los principios constitucionales de retribución justa y de igualdad salarial. La Cámara de Apelaciones interpretó que los agravios del GCBA respecto a la reencasillación no habían sido formulados en el recurso de apelación, sino que se trataba de una crítica a una modificación escalafonaria no alegada en la demanda. La denegación del recurso por parte de la Cámara no vulneró derechos constitucionales, pues se fundamentó en la insuficiencia y deserción del recurso y en la correcta aplicación del derecho procesal y constitucional. La Cámara también rechazó la argumentación del GCBA respecto a la capitalización de intereses y la potestad del Jefe de Gobierno para designar cargos, considerando que no estaban debidamente fundados en el recurso de inconstitucionalidad. La decisión de la Cámara fue fundada en la necesidad de respetar los principios de debido proceso, defensa en juicio y división de poderes, y en que los agravios del GCBA no constituían cuestiones constitucionales.