BARRERA MARGARITA ROSA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Margarita Rosa Barrera, demandó contra la ANSES reclamando reajustes en su prestación previsional. La sentencia de primera instancia fue parcialmente revocada por la Cámara, que confirmó la constitucionalidad y legalidad de los mecanismos de actualización y movilidad aplicados, y desestimó la afectación al derecho de propiedad alegada. La Sala analizó las normativas vigentes, citas doctrinarias y precedentes de la Corte Suprema, concluyendo que no se acreditó una afectación significativa a los derechos del actor y que las disposiciones legales en materia de indexación y movilidad son constitucionales, correspondiendo imponer costas por su orden y regular honorarios en el 30%. Fundamentos principales: “Respecto de las quejas relacionadas con la actualización de la PBU, cabe tener presente lo decidido por la Corte en los precedentes ‘Quiroga, Carlos Alberto’, ‘Sandoval, Norma Mabel c/ ANSeS s/ Reajustes Varios’ y ‘Pichersky, Alberto Raúl c/ A.N.Se.S s/ Reajustes Varios’, sentencias del 11 de noviembre de 2014, 18 de abril de 2017 y 23 de mayo de 2017, respectivamente… En materia de movilidad del haber y atendiendo a la fecha de adquisición del derecho resultan plenamente aplicables al caso la ley 27.609, reglamentarias y modificatorias, cuyas previsiones deberán observarse estrictamente al momento de practicarse el cómputo definitivo, sin que pueda reeditarse en esa etapa la cuestión constitucional, ya que es atribución del Congreso, disponer las pautas adecuadas para hacer efectiva la movilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional… La aplicación de cláusulas de actualización monetaria ‘significaría traicionar el objetivo anti-inflacionario que se proponen las Leyes 23.982 y 25.561…’ y la Corte ha sostenido que los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 constituyen una decisión del Congreso de ejercer funciones constitucionales, por lo que no corresponde su revisión judicial. La Sala concluye que no existe afectación al derecho de propiedad que justifique la pretensión, y que las disposiciones legales de actualización y movilidad son constitucionales.”