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MICHELI MARISA AIDA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social revocó parcialmente la sentencia en un reclamo previsional por reajustes y actualización de beneficios, confirmando la constitucionalidad de la normativa aplicada y estableciendo lineamientos sobre los índices de actualización y la constitucionalidad de las resoluciones administrativas.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Resoluciones administrativas Seguridad social Sentencia definitiva Constitucionalidad Actualizacion de haberes Reajustes previsionales Indices de movilidad Ley 24.241

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demandante, Marisa Aida Micheli, promovió una acción judicial contra la ANSES reclamando diferencias en las sumas percibidas en su beneficio previsional, con fecha de adquisición del derecho el 29/12/2014 y alta del beneficio el 1/9/2015, en virtud de la ley 24.241. La sentencia de primera instancia ordenó que la ANSES abonara las diferencias derivadas de la actualización de sus haberes, aplicando ciertos índices y resoluciones administrativas. La demandada interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. La Sala analizó diversos aspectos, entre ellos la aplicación de los índices de actualización, la constitucionalidad de las resoluciones 56/2018 y 27.260, y las normas relativas a la movilidad previsional. Se concluyó que la petición de aplicar el decreto 807/2016 no prospera, dado que el beneficio fue adquirido antes de su vigencia, y que la resolución 56/2018 es inconstitucional por contradecir la ley y la Constitución Nacional. La Cámara también reafirmó que la ley 27.609 reemplazó el sistema de movilidad establecido en la ley 24.241 y sus modificatorias, y que los aportes mediante planes de facilidades de pago no son actualizables. Finalmente, se revoca parcialmente la sentencia en lo que respecta a los aspectos que se analizaron, manteniendo las posiciones respecto de la constitucionalidad de ciertas resoluciones y la normativa aplicable. Las costas de la alzada se imponen por su orden, y se regula un honorario del 30% sobre lo regulado en la instancia anterior a la actuación de la parte actora.

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