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FERNANDEZ LORENZO RAMON c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia que rechazó los agravios sobre la actualización del beneficio previsional y otros aspectos, y ordenó la regulación de honorarios y costas en la alzada. La decisión se fundamenta en la normativa vigente y precedentes judiciales aplicables.

Recurso de apelacion Costas procesales Seguridad social Constitucionalidad Confiscatoriedad Reajuste previsional Honorarios judiciales Topes previsionales Actualizacion de beneficios Ley 24.241 27.609 27.426


- Quién demanda: Lorenzo Ramón Fernandez

¿A quién se demanda?

ANSES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajuste de beneficios previsionales, actualización de la PBU, revisión de topes y otros conceptos relacionados con la seguridad social.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó parcialmente la resolución de primera instancia, rechazando los agravios presentados y ordenando la regulación de honorarios y costas en la alzada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?


- La sentencia revisada abordó los recursos de ambas partes contra la resolución definitiva del expediente.
- Se consideró la normativa aplicable, incluyendo las leyes 24.241, 27.426 y 27.609, y la jurisprudencia consolidada, en particular los precedentes “Quiroga”, “Sandoval” y “Pichersky”, que establecen que la actualización de la PBU debe realizarse sobre el total del haber inicial, considerando los incrementos y la posible confiscatoriedad.
- Se señaló que la ley 27.609, vigente desde marzo de 2021, es aplicable al caso y que su índice de actualización debe ser considerado a partir de esa fecha.
- La resolución también abordó cuestiones sobre los topes de la reparación y la constitucionalidad de las normas, concluyendo que las mismas no resultan inconstitucionales en el caso concreto.
- Se rechazaron los planteos relacionados con descuentos por intereses y exenciones fiscales, por carecer de fundamentos suficientes y por no haberse acreditado ciertos beneficios previsionales.
- La decisión incluyó la imposición de costas y la regulación de honorarios en la instancia de alzada en un 30% de lo regulado en primera instancia.

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