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FORESTAL TRAVIS S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA

La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la validez del acto administrativo y las multas impuestas por la AFIP, rechazando los agravios del contribuyente y estableciendo que el pago previo para el recurso no viola garantías constitucionales, dado que la imposibilidad de pago fue acreditada.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Corte suprema Acto administrativo Afip Multa por mora Pago previo Responsabilidad tributaria Sanciones fiscales Inmunidad patrimonial


¿Quién es el actor?

Forestal Travis S.A.

¿A quién se demanda?

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La nulidad de la resolución administrativa que confirma multa por mora y la impugnación de deuda, además de cuestionar la exigencia de pago previo para apelar.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la validez del procedimiento sancionatorio y la exigencia de pago previo, rechazando los argumentos de inconstitucionalidad y la nulidad de las actas; también, admitió el recurso por imposibilidad de pago y dispuso su trámite.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia sostiene que el art. 15 de la ley 18.820, que exige el depósito previo del importe de la deuda para interponer recursos, no resulta inconstitucional si no se prueba que implique un desproporcionado menoscabo patrimonial. Se citan fallos que avalan la constitucionalidad de la medida, siempre que exista imposibilidad concreta de pago, acreditada mediante balances y certificaciones contables. La Corte Suprema ha admitido excepciones en casos de dificultad patrimonial real, lo cual se verificó en el expediente, permitiendo la admisión del recurso. Además, se destaca que las actas de infracción no son actos administrativos definitivos, sino constataciones, y que la responsabilidad en multas previsionales se genera por la simple constatación de la infracción, sin requerir dolo o culpabilidad. La sentencia también reafirma que la normativa fiscal y sancionatoria no viola derechos constitucionales, siempre que se respete la proporcionalidad y la acreditación de la imposibilidad de pago.

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