Celotti, Luis A Empresa Constructora y otro c/ Municipalidad de Córdoba - Contencioso Administrativo
Impugnación de liquidación y exigencia de pago de crédito consolidado contra Municipalidad de Córdoba. La Sala declaró la inaplicabilidad parcial de la ley 8250 para ejecución administrativa y ordenó un plazo de seis meses para ejecución espontánea bajo apercibimiento de ejecución forzada, imponiendo costas por su orden.
¿Quién es el actor?
Claudio José Celotti (y/o Celotti, Luis A. Empresa Constructora; aunque la resolución refiere a Celotti como accionante/cesionario).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la liquidación practicada por la Municipalidad y solicitud de cumplimiento de la condena judicial concreta; petición de inaplicabilidad del régimen de consolidación de pasivos (ley 8250) y continuación del trámite de ejecución de sentencia.
¿Qué se resolvió?
Se declaró la inaplicabilidad parcial de las normas de la ley 8250 relativas a la ejecución administrativa del crédito consolidado y, en su lugar, se ordenó un plazo de ejecución espontáneo de seis meses en los términos del art. 38 de la ley 7182, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzada (art. 51, ley CPCA). Se impusieron las costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
II) Conforme las constancias de autos supra desarrolladas, se advierte nítidamente que la demandada ha incumplido el emplazamiento formulado por este tribunal, mediante el dictado del AI Nº 144, de fecha 9/8/02, por cuanto no se ha informado concretamente el plazo en que cumplirá la decisión judicial liquidando en efectivo los montos condenatorios ni el orden cronológico de prelación y el privilegio que le corresponde en los términos establecidos por el artículo 10 de la ley 8250 y su reglamentación.
V) El incumplimiento total o parcial de los dispositivos de excepción como la demora más allá de lo razonable, añade un plus en la restricción de los derechos y postergación de la fecha de pago, en abierta contradicción con el orden jurídico vigente, ya que dicha disfunción administrativa no encuadra ni en el régimen general de ejecución de sentencias ni en el sistema excepcional. Por ello, no es posible agregar a la "postergación" de la ejecución de una decisión judicial basada en la emergencia y en el límite de su constitucionalidad, un nuevo abanico de paralizaciones, discordancias administrativas, excusas infundadas y pesados trámites que agotan la paciencia de los administrados y profundizan la desprolijidad e ilegitimidad del obrar administrativo. ... Resulta entonces aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Iachemet, María Luisa c/ Armada Nacional s/pensión (ley 23.226)", causa I–78.XXIV, del 29/4/93, en el sentido de que la aplicación al caso de la ley 23.982 resulta procedente “si la restricción al principio constitucional de la cosa juzgada sea sólo 'temporal', de tal forma de no 'degradar su sustancia'”.
(Conclusión dispositiva) Por todo ello, SE RESUELVE: I. Declarar la inaplicabilidad parcial de las normas de la ley 8250 referidas a la ejecución administrativa del crédito consolidado y, en su lugar, ordenar un plazo de ejecución espontáneo en los términos del art. 38 de la ley 7182, el que se estima razonable establecerlo en el de seis meses, bajo apercibimiento de iniciar su ejecución forzada (art. 51, ley CPCA). II. Imponer las costas por su orden (art. 130, CPC, aplicable por remisión del art. 13, ley 7182).
¿Cómo votaron los jueces?
no se consignan votos en disidencia en la parte resolutiva; la resolución es colegiada conforme al bloque dispositvo final.
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Leyes que cita
- Ley 23.982Deuda publica
- Ley 23.226Jubilaciones y pensiones
- Ley 7.182 de CórdobaCodigo de procedimiento contencioso-administrativo
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