Luppi, Juan Bautista M c/ Ute. Delta Roggio y ot.- Ordinario
Acción por turbación de la posesión contra la empresa demandada por obras que habrían provocado daños y pérdida de la posesión. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia, concluyendo que la conducta atribuida no tuvo animus turbandi sino que, en todo caso, correspondía la vía de daños y que la prueba no atribuye los agravios a las demandadas (Córdoba, 19/2/2004).
¿Quién es el actor?
Luppi Juan Bautista M. (actor/poseedor).
¿A quién se demanda?
Ute. Delta Roggio y otros (empresa constructora/accionados).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de turbación de la posesión por daños y perjuicios derivados de la construcción de una obra (represa/laguna de retardo) que, según el actor, habría provocado escurrimiento no natural de aguas y daño en su predio, y consecuente pérdida de la posesión.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó lo resuelto en primera instancia, con costas. La Cámara consideró que los actos atribuidos a las demandadas no evidencian animus turbandi ni intención de despojar de la posesión, por lo que la acción posesoria era improcedente y la vía correcta habría sido la acción de daños; asimismo, la valoración probatoria no atribuye la alteración del curso de las aguas a las demandadas sino a fenómenos naturales y obras ajenas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La decisión del magistrado ya que el art. 2497 (consecuente con el 2496) del CC, expresamente prescribe que la acción del poseedor debe ser juzgada como indemnización de daño y no como acción posesoria si la turbación no tuviese por objeto hacer poseedor a quien realiza los actos turbatorios. Es decir, cuando el acto no se ejecuta con la intención de desconocer la posesión del accionante, ni el efecto querido es mantener un menoscabo de dicha posesión, no queda habilitada la protección posesoria. Esta última situación es la que se verifica en el subexamine, dado que las propias afirmaciones de la actora dan cuenta de que el hecho material invocado no puede ser tipificado en esa categoría. No se trata de un acto de turbación con la intención de poseer y excluir parcialmente al poseedor; sino, estamos en presencia de la invocación de daños sufridos en virtud –según se explicaba– del accionar de las demandadas con la construcción del predio carcelario. El art. 2496 en su última parte se refiere a actos de posesión animus domini, pues sólo así la actitud del turbador puede llegar a afectar la posesión del titular, enfrentándolo en una postura rival y contradictoria. De tal suerte, la acción que le hubiera cabido al Sr. Luppi era la de daños y perjuicios y no la posesoria que intentó para evitar la turbación de la posesión que sufría con motivo de las obras que ejecutan las demandadas (v. CSN Fallos 58–380)."
"Por otra parte, se equivoca el impugnante cuando sostiene que el juez podría haber enmarcado la cuestión en la acción de daño temido del art. 2499, in fine, CC, porque el juez no pudo, so pretexto del “iura novit curia”, alterar los elementos constitutivos de la litis dado que el legitimado para iniciar esta defensa es quien teme ha de producirse un daño y no cuando el mismo se encuentra consumado, como se denuncia en el escrito inicial (y se reitera en apelación). Además, dicha petición fue requerida a titulo de medida cautelar, específicamente diferenciada de la pretensión principal (acorde surge de los términos de la demanda). Desde ese punto de vista la doctrina ha coincidido en la naturaleza cautelar de la denuncia del daño temido, lo cual, lógicamente, impedía viabilizar la demanda dentro de ese marco normativo, en tanto, como dice el propio actor luego en la expresión de agravios, el hecho de los demandados habría extinguido la cosa y consecuentemente la posesión."
"La valoración probatoria no admite queja en la medida que se tenga en cuenta que la prueba rendida, a diferencia de lo expresado por el actor, deja en claro que la obra realizada no modificó la cuenca hídrica de la zona; que no ha alterado ni modificado el curso natural de las aguas en cuanto a situación geográfica y cantidad. Cabe advertir que el agua de la cuenca tiene su recorrido por el predio del accionante aun antes de que se construyera la obra. Estos elementos no resultan incompatibles con la declaración del juez de Paz ni con la documental indicada por el apelante, por cuanto, de haber existido aumento de caudal de aguas, la prueba también demuestra que ello se produjo como consecuencia de la producción del mayor nivel de lluvias caídas para el período de recurrencia de 50 años, y el aumento de la sección de las alcantarillas ubicadas sobre la ruta 36 y la ruta 5; circunstancias ajenas a los demandados y por ende no imputables a los mismos."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. Jorge Miguel Flores (preopinante) expone los fundamentos y el Dr. Javier V. Daroqui adhiere; resolución por unanimidad. No hubo disidencia.
Fechas relevantes: Cámara, Córdoba, 19 de febrero de 2004. Referencias normativas citadas: arts. 2496, 2497 y 2499 del Código Civil; CSN Fallos 58–380.
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
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