Márquez, Dora Laura c/ Rio SA y Otros - Daños y perjuicios - Otras formas de responsabilidad extracontractual
Demandante impugnó por casación la interpretación sobre notificación tácita y retiro de expediente en causa por daños y perjuicios. La Sala rechazó el recurso de casación, impuso costas al recurrente, reguló honorarios y dejó sin efecto la orden de remisión de actuaciones al fiscal al considerar inexistente fundamento para atribución de responsabilidad penal.
¿Quién es el actor?
Marquez Dora Laura (parte actora).
¿A quién se demanda?
Río S.A. y otros.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios — otras formas de responsabilidad extracontractual; aquí la casación discute efectos procesales del retiro del expediente y notificación tácita.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la actora; se impusieron las costas al recurrente; se fijaron los honorarios del Dr. Tomas G. Rueda en el 5% del mínimo de la escala del art. 34 de la Ley 8226 y no se regularon honorarios al Dr. Carlos Marcelo Aráoz; y se dejó sin efecto el segmento de la providencia que ordenaba remitir las actuaciones al señor fiscal de instrucción.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La notificación tácita es un medio de notificación indirecta que opera sin un acto real de transmisión... La admisibilidad de tal modalidad –expresamente consagrada en el art. 151 del CPCC- se funda en la razonable presunción de que la parte conoce o debería conocer (conforme el desempeño responsable de la labor del abogado) la resolución judicial de que se trata, todo ello bajo el prisma de la buena fe y lealtad procesal (arg. art. 83 CPCC)."
"Siendo así, la ratio iuris de la notificación tácita, se encuentra en la circunstancia que no debe tolerarse la pretensión de que existan desconocimientos cuando la realidad hace presumir lo contrario."
"Si un empleado del apoderado de la parte, autorizado a retirar y devolver el expediente, retiró el expediente y consignó en el Libro de Préstamos que tal retiro se efectuó a los fines de correr el traslado ordenado por el Tribunal, es de sentido común presumir que el letrado conocía o debía conocer (conforme el desempeño responsable de la labor del abogado) la resolución judicial de que se trata."
En cuanto a la remisión a fiscalía: "lo cierto es que de ninguna de las actuaciones llevadas a cabo por el letrado se colige algún indicio en función del cual pueda justificarse la atribución de una eventual responsabilidad penal... Siendo así carece de todo fundamento la remisión de las actuaciones a sede penal, razón por la cual corresponde dejar sin efecto tal segmento de la resolución opugnada."
¿Cómo votaron los jueces?
No se consignan votos en disidencia en el texto suministrado.
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