Frungillo de Barbeito, Josefina c/ Estado Provincial de Córdoba - Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Amparo
Amparo por remoción de agente público durante licencia por enfermedad contra el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. La Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia, concluyendo que no se acreditó acto discriminatorio ni arbitrariedad en las resoluciones de cesación y que corresponde imponer las costas a la actora.
¿Quién es el actor?
Josefina Frungillo de Barbeito (actora).
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo por la remoción de la actora del cargo de Directora del Hospital mientras se encontraba en licencia por enfermedad; solicita reposición y pago de haberes (enero 2006 y posteriores).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la sentencia apelada en todo cuanto decide; se impusieron las costas a la actora y se regularon honorarios al Dr. Lorenzo Barone en la suma de $329,16, sin regular honorarios al Dr. Ignacio Vélez Funes (h).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Sobre el particular, debe señalarse en primer término que el a quo ha centrado el planteo teniendo en cuenta el cargo que ocupaba la accionante al momento de producirse el acto motivo del reclamo de autos y, en este sentido, ha señalado de manera correcta que de conformidad a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 7625 (Régimen para el Personal del Equipo de Salud Humana) el personal directivo puede cesar en el cargo cuando así lo disponga la autoridad competente y, si bien el art. 56 de la mencionada ley consagra el derecho de los agentes a la estabilidad en el cargo, el art. 11 excluye de la misma al personal no permanente que hace referencia el art. 4. Ello determina en consecuencia que las Resoluciones N° 460 y 461 de fecha 12/12/2005 dictadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se enmarcan dentro de las disposiciones legales citadas y por ende, desde este punto de vista no constituyen un acto de arbitrariedad ni ilegalidad, por el contrario, constituyen un acto administrativo efectuado dentro del ejercicio del poder de administración, ajustado a una marco regulatorio legal específico. No debe dejarse de lado que cuando la actora fué puesta en funciones de Directora en el Hospital Dr. Arturo H. Illia de la Ciudad de Alta Gracia por Resolución N° 1036, conforme se desprende de la misma a fs. 50, puede apreciarse claramente que dicho nombramiento es de carácter provisorio."
"Pero, más allá de este análisis y teniendo en cuenta la esencia de los fundamentos del reclamo reseñado anteriormente, debe puntualizarse que la discriminación importa un comportamiento que vulnera o afecta un derecho personalísimo: 'la igualdad'. ... Esta línea de razonamiento ha sido puesta de manifiesto por el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos ... pero es aquí que, frente a este orden de ideas expuesto (lo cual es demostrativo de la complejidad que la problemática bajo estudio encierra) la actora no ha logrado demostrar, de manera clara, precisa y contundente por la naturaleza de la acción, que la cesación en el cargo de Directora obedezca a un arbitrario o injusto acto de discriminación, carga ésta que pesaba sobre ella. 'Estimamos que quien se considera lesionado debe acreditar el acto o la omisión y las características que evidencien prima facie su carácter discriminatorio (verosimilitud de la injusticia de ese comportamiento). Sobre esa base, se traslada al autor la carga de aportar el motivo al que obedece su conducta, a fin de que el magistrado valore si dicha discriminación se encuentra o no justificada' (Zavala de González, Matilde - Resarcimiento de Daños...). En el Sub-examen la accionada fundamentó en su informe las razones de su decisión, no observándose en ella, como se ha señalado anteriormente ni arbitrariedad ni ilegalidad en su decisión, trasladando a la accionante la obligación de aportar los elementos probatorios necesarios a fin de acreditar la existencia del acto discriminatorio y, en este sentido, no puede tenerse por acreditado el hecho..."
"En cuanto al cuarto agravio, también corresponde sea rechazado, ya que, por el principio objetivo de la derrota, contemplado en el art. 14 de la ley 4915 sin las excepciones del último párrafo del art. 130 del C. de P.C., las costas corresponden le sean aplicadas a la actora. ... La creencia de una razón suficiente para litigar, no resulta suficiente para eximirla de costas, ya que, toda persona que somete una cuestión a la decisión judicial lo hace en la creencia de que le asiste razón para formular su reclamo como lo hace, con lo cual, se culmina en definitiva con el rechazo también de este agravio."
¿Cómo votaron los jueces?
Los tres vocales (Lescano, Chiapero de Bas y Montoto de Spila) adhirieron y votaron en idéntico sentido; no hubo disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 4.915 de CórdobaLey de amparo
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