Municipalidad de Córdoba c/ José Ramón Suarez - Ejecutivo - Recurso directo
El demandado interpuso recurso directo contra la denegación del recurso de inconstitucionalidad respecto del art. 16 de la Ordenanza Municipal Nº 9981 por la validez de licencias de conducir. El Tribunal Superior declaró mal denegado el recurso de inconstitucionalidad y lo concedió para revisar, pero rechazó el planteo de inconstitucionalidad sustantivo, confirmando la constitucionalidad del art. 16 y ordenando costas por el orden causado.
¿Quién es el actor?
Municipalidad de Córdoba (parte actora en el juicio ejecutivo).
¿A quién se demanda?
José Ramón Suárez (ejecutado y recurrente que impetró recurso de inconstitucionalidad).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
juicio ejecutivo fundado en ordenanza municipal (OM Nº 9981 y OM Nº 8037) y cuestionamiento por parte del ejecutado de la constitucionalidad del art. 16 de la Ordenanza Municipal Nº 9981, relativo a validez de licencias de conducir expedidas por otra jurisdicción según domicilio real.
¿Qué se resolvió?
el Tribunal Superior, en pleno, declaró mal denegado el recurso de inconstitucionalidad (admitiendo la vía directa para su análisis) y, en definitiva, rechazó el recurso de inconstitucionalidad impetrado por el demandado; impuso las costas del recurso por el orden causado y no reguló honorarios a los letrados intervinientes.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción del art. 16 impugnado: “EL titular de una licencia de conductor debe denunciar a la brevedad todo cambio en los datos consignados en ella y determinados en el Artículo anterior. Las licencias de conducir expedidas por otra jurisdicción tendrán plena validez mientras su titular tenga su domicilio real en ella. En caso de ulterior radicación permanente en el ámbito de la Ciudad de Córdoba, deberá solicitarse otra licencia ante la nueva autoridad expedidora, la cual será gratuita y se otorgará contra entrega de la anterior y por el período que le resta de vigencia, previo informe de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial y del Consejo Federal de Seguridad Vial. La licencia caducará a los 90 días de producido el cambio no denunciado”.
Sobre la norma nacional invocada por el recurrente: se cita el art. 13 inc. a de la Ley 24.449: “Las licencias otorgadas por municipalidades u organismos provinciales, en base a los requisitos establecidos en el art. 14, habilitará a conducir en todas las calles y caminos de la República” y se reproduce el art. 18 de la Ley 24.449: “El titular de una licencia de conductor debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos consignados en ella. Si lo ha sido de jurisdicción, debe solicitar otra licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela previo informe del Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito contra entrega de la anterior y por el período que le resta de vigencia. La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado”.
Fundamentación clave sobre competencia y domicilio: el Tribunal concluye que la normativa nacional y la municipal son armónicas; interpreta que las referencias legales remiten al “domicilio real” y no al domicilio legal o al lugar de trabajo, apoyando esa interpretación en el decreto reglamentario 779/95: “La habilitación para conducir la otorga únicamente la autoridad jurisdiccional del domicilio real del solicitante, que deberá acreditarlo dejando copia de su documento nacional de identidad”.
Sobre la admisibilidad del recurso en juicio ejecutivo: se sostiene que, si bien en general las sentencias de juicio ejecutivo no son revisables por vía extraordinaria por admitirse el juicio ordinario posterior, existe excepción cuando “el agravio sustantivo que aqueja al recurrente no es susceptible de articulación en el juicio ordinario posterior”; en autos el Tribunal concluyó que la denegación del recurso debía ser revisada (se declaró mal denegado el recurso de inconstitucionalidad) pero, tras el análisis, rechazó el planteo de inconstitucionalidad.
Dispositivo procesal y costas: “Las costas devengadas por el recurso extraordinario se imponen por el orden causado, atento la naturaleza constitucional de la materia debatida y la originalidad de la respuesta constitucional asumida (art. 130 del CPCC).” Además: “No regular honorarios a los letrados intervinientes (art. 25 Ley 8226).”
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo mayoría disidente: todos los Vocales adhirieron a la preopinante y votaron en el mismo sentido en las tres cuestiones planteadas.
Ver el fallo completo
Dejá tu email y te mostramos la sentencia completa.
Leyes que cita
- Ley 24.449Ley de transito
Más jurisprudencia sobre
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
Encontrá la jurisprudencia para tu caso
Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.