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Cámara de Apelaciones

Banco de la provincia de Córdoba SA c/ Martínez, Ariel Carlos - Presentación Múltiple - Abreviados

El Banco de la Provincia de Córdoba apeló la regulación de honorarios practicada en la sentencia de primera instancia. La Cámara admitió parcialmente la apelación y elevó los honorarios de la Dra. Eugenia Ceballos a $470, sin costas en esta instancia, por entender aplicable la ley arancelaria vigente al devengamiento y que la etapa de prueba puede reputarse cumplida por la documental ofrecida.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-4378
Honorarios Jus Ley 8226 Ley 9459 Regulacion arancelaria Prueba documental Proceso abreviado Derecho de propiedad Cordoba Apelacion

¿Quién es el actor?

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (apoderada recurrente).

¿A quién se demanda?

Martínez Ariel Carlos.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

impugnación de la regulación de honorarios practicada en la sentencia de primera instancia (cuestión relacionada con el valor del jus y la cuantificación en jus y base para remuneración por etapa de prueba en proceso abreviado).

¿Qué se resolvió?

La Cámara admitió parcialmente la apelación y elevó a $470 los honorarios regulados a la Dra. Eugenia Ceballos en la sentencia recurrida; sin costas en esta instancia (art. 112, ley 9459).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Entendemos, en forma coincidente con la recurrente, que la norma aplicable a los fines de la regulación de honorarios de los letrados, cuando la labor profesional a retribuir, como en el caso de autos, ha sido íntegramente desarrollada durante la vigencia de la ley 8226, es dicha norma arancelaria la que resulta de aplicación. Pero no compartimos la postura que sostiene con relación al jus y su valor, que a nuestro entender importa una indebida aplicación retroactiva de esta norma que se aparta de la previsión del art. 125 de la misma ley y viola el art. 111, CPcial. y el derecho de propiedad (arts. 17, CN y 67, CPcial.). Es que las cuestiones referidas a la aplicación en el tiempo de las dos leyes mencionadas deben ser resueltas utilizando un único criterio, ya que no hay razón alguna que permita distinguir a estos fines entre el primer párrafo del art. 36 y el resto del articulado, máxime cuando el citado art. 125 expresamente los equipara diciendo que todo el Código, "incluido el valor asignado al jus", se aplica desde su entrada en vigencia, es decir, a las labores profesionales desarrolladas a partir del 17/1/08 (fecha de publicación en el Boletín Oficial). Por ello cualquier interpretación que lleve, como lo pide la impugnante, a distinguir en este aspecto y conduzca a aplicar el nuevo valor del jus a tareas desarrolladas antes de la fecha mencionada, debe ser descartada, no sólo porque no es eso lo que surge del art.125 sino, además, porque tal interpretación coloca en pugna a la ley con la Constitución Nacional y la Constitución Provincial al lesionar el derecho de propiedad del obligado al pago de los honorarios mediante la aplicación de una ley posterior a la fecha en que se devengó el crédito que torna más gravosa su obligación."

"Finalmente y respecto a la segunda queja, encontramos que le asiste razón a la apelante en cuanto a que no existe mérito para la reducción que ha efectuado la juez al tiempo de considerar que el proceso abreviado no se ha cumplido en su totalidad. No creemos que la razón de tal reducción sea la falta de alegatos, como sostiene la recurrente, ya que dicha etapa no está prevista en el trámite, lo que implica evidentemente que ese no fue el motivo de la reducción. Así las cosas, no puede dudarse que la razón de dicha disminución a tenor del art. 42 del arancel, no es otra que la valoración efectuada por la etapa de prueba en virtud de la renuncia formulada por la actora a fs. 38 de la confesional y la falta de diligenciamiento de la pericial. Sin embargo, creemos que le asiste razón a la recurrente cuando argumenta que ha ofrecido y diligenciado la prueba documental y que ésta resultó imprescindible a la hora de resolver la presente causa, por lo que la etapa puede considerarse cumplida, debiendo entonces practicarse sobre el total de la base, la que asciende así a la suma de $470."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Guillermo E. Barrera Buteler y Beatriz Mansilla de Mosquera adhieren al voto del preopinante Dr. Julio L. Fontaine. No hubo disidencia.

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