Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Alfredo Enrique Pagano - D. Ej
Ejecución fiscal por prescripción de créditos tributarios; la Cámara rechazó el recurso de apelación del demandado y confirmó la sentencia de grado, sosteniendo que el allanamiento del Fisco a la excepción de prescripción justifica la distribución de costas por su orden. Los jueces consideraron que la prescripción transforma la obligación en natural y que la actuación del acreedor (allanamiento) merece exención de las costas provocadas.
¿Quién es el actor?
Fisco de la Provincia de Córdoba (ejecutante).
¿A quién se demanda?
Alfredo Enrique Pagano (demandado/executado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal por créditos tributarios y controversia sobre la excepción de prescripción opuesta por el demandado; la distribución de las costas.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por el demandado y se confirmó en todo lo resuelto por la sentencia apelada; se distribuyeron las costas de la instancia recursiva por el orden en que fueron causadas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La prescripción sólo produce la modificación de la obligación “civil”, priva al acreedor de la facultad de exigir lo debido, pero subsiste la deuda como obligación “natural”. Al decir de Llambías (Tratado de Derecho Civil–Obligaciones, T. III, N° 2005), la eficiencia o virtualidad de la prescripción consiste en la transformación de la obligación que caduca como obligación civil pero continúa subsistiendo como obligación natural. Al juez le está vedado declarar oficiosamente la prescripción (art. 3964, CC), siendo potestativo del deudor oponerla como defensa. La prescripción no funciona sino a instancia del deudor, quien es el único árbitro para decidir si quiere acogerse a los beneficios que ella le confiere. Más aún, la prescripción es materia renunciable cuando se refiere a la ya cumplida o ganada, conforme lo establece el art. 3965 del ordenamiento común (Llambías, obra y tomo citados, Nos. 2010 y 2125). Siendo ello así, es legítimo que el acreedor ejerza su pretensión de cobro, pues tanto puede ser que el deudor articule la defensa como que omita hacerlo, o aun que decida cumplirla, supuesto este último en el cual el pago sería irrepetible (art. 515 inc. 2, CC)."
"Si la actitud procesal del acreedor es la de allanarse a la excepción deducida por el deudor, su conducta halla mérito suficiente para la exención de las costas provocadas. El principio rector es el que sienta el art. 130 del ordenamiento procesal en virtud del cual el vencido en la contienda debe cargar con las costas y sólo excepcionalmente puede eximírsele total o parcialmente –con justificadas y explícitas razones– de soportar dicha carga. Si bien este último supuesto, como toda excepción, es de interpretación restrictiva ..., a mi juicio la a quo ha proporcionado sólidas razones para justificar el apartamiento en el particular del principio de imposición de costas al vencido, con fundamentos que no alcanzan a ser conmovidos por la crítica del apelante, quien sólo evidencia su disconformidad con la solución adoptada por la jueza de la instancia anterior."
"La circunstancia de que nuestro ordenamiento positivo ritual no contenga una norma similar al art. 76, CPN, no obsta a que el juzgador pueda aplicar esa distribución de las costas recurriendo al expediente que proporciona la segunda parte del citado art. 130, CPC. Tampoco es aceptable considerar al actor “culpable de la reclamación” –en los términos del art. 131 del mismo Código–, pues si, como se dijo, la prescripción es una defensa cuya articulación es potestativa del demandado –quien podía también renunciar a la prescripción cumplida–, no caben dudas de que, aplicando la norma que contempla la imposición de costas en el supuesto de allanamiento (el citado art. 131), no podría encuadrarse el supuesto en ninguna de las excepciones a la regla de la distribución por su orden."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo disidencia; los Dres. Ávalos y Cenzano adhirieron al voto de la Sra. vocal preopinante y la resolución fue unánime.
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