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Cámara de Apelaciones

Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la provincia de Córdoba c/ Rigoni, Ernesto Abel - Títulos ejecutivos

Ejecución por aportes previsionales promovida por la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud contra Ernesto Abel Rigoni. La Cámara rechazó la apelación del ejecutado y confirmó la sentencia de primera instancia, entendiendo que no están acreditados elementos que extingan la obligación ni obstaculicen la vía ejecutiva.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-5157
Caja de prevision social Aportes previsionales Ejecucion Titulo ejecutivo Anatocismo Capitalizacion de intereses Prescripcion Matricula profesional Cordoba Apelacion

¿Quién es el actor?

Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba.

¿A quién se demanda?

Rigoni Ernesto Abel.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución por títulos ejecutivos reclamando aportes previsionales adeudados.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la apelación interpuesta por el demandado y se confirmó la sentencia de primera instancia (con costas), dejando firme la ejecución ordenada por la jueza de grado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La discusión sobre la existencia de la obligación de pagar los aportes previsionales, supuestamente extinguida por la cesación del ejercicio profesional, constituye sin ninguna duda una controversia sobre materia causal en principio ajena al juicio ejecutivo, como lo ha señalado la jueza. Esto no impediría examinarla en esta vía, sin embargo, si hubiese elementos de juicio que demostraran in continenti la inexistencia de tal obligación, tal como esa nota que el demandado dijo al oponer excepciones que había presentado ante la Caja en 1985 comunicando el cese del ejercicio profesional. Pero el hecho es que, sea por la causa que fuere, esa nota no ha podido ser hallada en el legajo del apelante y que, en cambio, la ejecutante ha presentado, aparte de unos instrumentos privados que no han sido reconocidos, un certificado del Consejo de Médicos de la Provincia del que resulta que hasta el día de la fecha la matrícula del demandado no ha sido dada de baja. Resulta pues que, lejos de estar irrefutablemente demostrada la inexistencia de la obligación, los elementos que hay en el proceso no permiten formarse un juicio seguro e inmediato sobre la cuestión, al que sólo podría llegarse a través de una indagación de hecho que debe tener lugar fuera de la vía ejecutiva. Mientras esta indagación no tenga lugar, hay que estar a la fuerza ejecutiva del título como lo ha resuelto la sentenciante. Que el título tenga esta eficacia significa precisamente que la vía ejecutiva no puede ser detenida o embarazada con discusiones de tipo causal."

"El argumento concerniente a la falta de discriminación del capital y los intereses en el título, aunque en los hechos pueda ser exacto, me parece un tanto exagerado para que pueda dar lugar a una excepción si, como es presumible, el demandado por su condición de médico no puede ignorar cuál es el valor mensual de los aportes que debe ingresar a la Caja. A partir de este conocimiento, él pudo sin ninguna dificultad calcular el monto de los intereses que el título incorpora al capital y determinar la tasa que se empleó para este efecto. Tan exagerado es el argumento, que después de incorporada por la ejecutante una liquidación en la que están discriminados los rubros capital e intereses, ninguna objeción formuló con relación a estos últimos. No veo entonces que este hecho pueda constituir un motivo legítimo para impugnar el título y resistir la ejecución."

"Por lo que hace a la capitalización de los intereses contenidos en el título, cuyo importe habrá de considerarse como un capital único para el cálculo de los intereses posteriores al fallo de primera instancia, la objeción del apelante pasa por alto que éste es justamente uno de los casos excepcionales en que el propio Código Civil autoriza esa capitalización: 'Cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo' (art. 623). Tanto la citación de remate como la propia sentencia son intimaciones judiciales hechas al deudor para el pago de la deuda y sus intereses. Voto por la negativa."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Julio L. Fontaine expuso los fundamentos y votó por negar la apelación; los Dres. Guillermo E. Barrera Buteler y Beatriz Mansilla de Mosquera adhirieron al voto del preopinante. No se registran votos en disidencia.

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