JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Oliva Silvia Patricia c/ Pagliaro Luis Antonio - Ordinario - Otros - Recurso de apelación

La actora recurrió en apelación contra el auto que declaró perimida la instancia; la Cámara declaró formalmente inadmisible el recurso por falta de representación del letrado que lo interpuso y confirmó el pronunciamiento recurrido, imponiendo las costas al abogado apelante por aplicación analógica del art. 91, última parte, del CPC.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-6176
Recurso de apelacion Inadmisibilidad formal Revocacion tacita del poder Personeria Poder apud acta Art. 91 cpc Costas Representacion procesal Camara de apelaciones Abogado apelante

¿Quién es el actor?

Oliva Silvia Patricia (la actora).

¿A quién se demanda?

Pagliaro Luis Antonio (la demandada/contraria en la alzada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

recurso de apelación interpuesto contra el Auto Nº 242 del 19/5/09 (que había hecho lugar a la petición declarando perimida la instancia abierta por la actora y ordenado costas a ésta, entre otros puntos).

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el letrado que no contaba con poder suficiente y confirmó el pronunciamiento recurrido; impuso las costas al letrado apelante (art. 91 últ. parte, CPC).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Así planteada la cuestión, es necesario analizar si el recurso de apelación y su fundamentación son admisibles desde el punto de vista formal, puesto que –en principio y tal como lo esgrimiera la demandada apelada– han sido efectuados por un letrado que, conforme las constancias de autos, carece de poder suficiente y necesario para ello, desde que la instituyente, es decir la actora, ha otorgado poder apud acta a un letrado distinto de aquél. En este sentido cabe preguntarse si el poder que luce agregado a fs. 133 de autos, implica revocación del poder anterior y, consecuentemente, si estamos frente a un supuesto de insuficiencia de representación. Como es sabido, la relación entre la parte instituyente o el poderdante y el instituido o apoderado, es una relación captada por los conceptos y reglas del mandato. Este contrato, regulado en el Título 9 de la Sección 3ª del Libro 2 del Código Civil, posee entre otras notas caracterizantes, la de ser esencialmente revocable. En este sentido, el Código Civil establece entre una de las formas de su cesación, la revocación efectuada por el mandante (art. 1963 inc. 1), la cual, a su vez, puede ser expresa o tácita (art. 1873). Esta última se caracteriza por la existencia de hechos o circunstancias determinadas que permiten incontestablemente inducir que es o ha sido voluntad del poderdante cesar, finalizar o terminar con el contrato. En este sentido, el mismo Código establece que puede manifestarse mediante el nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio, produciendo efectos desde el día en que se lo hizo saber al mandatario, o, también, interviniendo personalmente o de manera directa el mandante en el negocio encomendado. Hecha esta introducción, cabe destacar que nuestro régimen formal regula el instituto de la representación en juicio a partir del art. 79 hasta el 100 y lo hace de manera autónoma al Código de fondo en virtud de la disposición del art. 1870 inc. 6, CC, que deja abierta tal posibilidad cuando establece que las procuraciones judiciales se regirán por las normas de fondo del mandato, sin perjuicio de las regulaciones que hagan los Códigos de Procedimientos locales. De manera tal que el instituto del mandato judicial se rige, en principio, por las disposiciones del CPC que prevalecen sobre las del CC, pero éste se aplica subsidiariamente en todo aquello que no esté previsto por el código local. Ello así, del art. 90, CPC, surge que es requisito fundamental en todo proceso la acreditación de la personería cuando la parte –actor o demandado– actúe en el proceso mediante apoderado, ya sea del poder general o especial y de los poderes especiales apud acta y carta poder. Ahora bien, al momento de tratar sobre la revocación del poder, el CPC no hace distinción alguna respecto de la forma válida para ello, esto es, si la misma debe materializarse expresa o tácitamente. En tal sentido, sólo reza el art. 95: 'En caso de revocación del poder, deberá el poderdante designar otro apoderado o comparecer por sí mismo, sin necesidad de citación, bajo pena de continuar el juicio en rebeldía a su respecto a solicitud del interesado'. De ello surge, y puede decirse válidamente, que el sistema local admite la revocación tácita, '...dado que no existe norma especial que se presente excepcional al régimen estatuido por el ordenamiento sustancial. Y aquello será así cuando se nombre nuevo mandatario para el mismo juicio y se haga conocer tal situación al primer mandatario, sin dejarse a salvo la subsistencia de la procuración antes otorgada (art. 1971, CC).' (Conf. Fernández, Raúl E. 'Revocación tácita de la procuración judicial', Revista Zeus Córdoba, año 2003, Nº 47, p. 225 y ss.). Bajo tales lineamientos es que el caso de autos queda enmarcado en este tipo de revocación, esto es, revocación tácita, pues se trata de un poder válidamente otorgado por la parte actora con posterioridad al que había otorgado al Dr. Oviedo y del cual éste ha tomado efectivo conocimiento por retiro de expediente con fecha 25/6/09, es decir, luego de la realización del acto de otorgamiento y revocación mentados. Ello se desprende claramente de las constancias de autos desde que se presume ínsita en el acto procesal de otorgamiento de nuevo poder, la voluntad cambiante de la parte instituyente, direccionada a facultar a otra persona distinta y dejar sin efecto las facultades conferidas con anterioridad a otro profesional para actuar en su nombre en el proceso que la involucra. Ello así, aunque se haya concretado sin efectuar manifestación alguna en el sentido de revocación del poder anterior, lo cierto es que existiendo nombramiento de un letrado distinto, constitución de un nuevo domicilio a los efectos procesales y no existiendo referencia concreta atinente a la actuación conjunta o indistinta de los diversos profesionales, como así tampoco respecto del uso de la facultad que consagra el art. 91 –admisión condicional–, es lícito concluir que fue voluntad de la actora revocar el poder al Dr. Oviedo. Consiguientemente, este carecía de derecho de apelar y, aun más, de fundar el recurso ante este Tribunal. Vale además apuntar que la presentación así cumplida debió ser desechada in limine, y, consecuentemente, el proceso nunca debió continuar en tal estado, máxime teniendo en cuenta que, tanto el acto de interposición, cuanto el siguiente de fundamentación o expresión de agravios, nunca fueron ratificados por la actora. Sin haberse configurado este acto, entender lo contrario importaría ser indiferentes a la real voluntad del titular del derecho deducido en juicio. Resta señalar que en pronunciamientos similares al de ahora, aunque con distinta integración, éste ha sido el criterio seguido por esta Cámara (vg. in re 'Alba Anahí c/ Margarita B. Rivero y otro - Ordinario' - Sentencia N° 16 del 28/2/01). Por ello es que el recurso de apelación debe declararse formalmente inadmisible por este acto, acogiendo el planteo de la demandada, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento recurrido."

"Costas: atento que la parte no puede soportar un detrimento económico como consecuencia de actos realizados en su nombre por un tercero que carecía de representación suficiente para actuar y obligarla en su nombre, cabe imponer las costas al Dr. Martiniano Jorge Oviedo. Ello por aplicación analógica del art. 91 última parte, CPC, en tanto que el letrado quedó notificado de la revocación de su mandato con el retiro de expediente con fecha posterior a ella, esto es, desde el 25/6/09."

(No hubo votos en disidencia relevantes consignados en el texto.)

Leyes que cita

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