Díaz, Azucena del Valle c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba -Plena Jurisdicción
La actora pidió habilitar la vía contencioso administrativa por silencio administrativo y la Cámara rechazó la reposición y confirmó el decreto que declaró la caducidad por extemporaneidad. La mayoría sostuvo que operó la sanción de caducidad prevista por la ley y que la garantía de acceso a la jurisdicción quedó satisfecha por el procedimiento seguido.
¿Quién es el actor?
Díaz, Azucena del Valle (actora).
¿A quién se demanda?
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Habilitar la vía contencioso administrativa por silencio administrativo respecto de reclamos por sumas dejadas de percibir por aplicación del decreto 1777/1995; impugnación del decreto que declaró que la causa no correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa por caducidad.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora y se confirmó en todas sus partes el decreto recurrido que declaró la improcedencia/decadencia de la vía contencioso administrativa, con imposición de no costas salvo pago de honorarios por los beneficiarios de los trabajos, si correspondiera.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Ante la clara transgresión del término acordado por la Ley de la Materia para el ejercicio de la pretensión puesta en acto (art. 7 Ver Texto Ley 7182), corresponde la sanción de caducidad que la ley prevé (en este sentido vid. Mairal 'Control Judicial' Vol 1, pag. 380), porque 'el vencimiento del plazo sin que se haya articulado en forma' la demanda, confiere al acto administrativo la calidad de 'firme' que no resulta legítimo desconocer (parafraseando la jurisprudencia del T.S.J., Sala C.C. en AA.II. N. 80/05); sin que la reiteración del pronto despacho glosada a fs. 5 de autos de fecha 29 de marzo de 2010, permita el restablecimiento de un plazo largamente fenecido."
"La Corte considera que el Estado tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción. Tales garantías son aquéllas a las que la Convención se refiere expresamente en los arts. 7.6 Ver Texto y 25.1 Ver Texto, consideradas dentro del marco y según los principios del art. 8 Ver Texto, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. Por todo lo expresado, consideramos corresponde se rechace el recurso de reposición interpuesto y se confirme en todas sus partes el decreto recurrido, sin costas..."
¿Cómo votaron los jueces?
el Dr. Cafferata disintió y propuso hacer lugar a la reposición y admitir la demanda. Entre sus fundamentos sostuvo: "la denegatoria ficta constituye una institución típicamente procesal que no traduce una declaración concreta de voluntad de la Administración" y razonó que "el art. 7 ... resulta irrazonable y lesivo del principio de la tutela judicial efectiva (art. 8, inc. 1 Ver Texto, del Pacto de San José de Costa Rica...), por lo que corresponde declararlo inconstitucional y admitir la demanda." Esta posición quedó en minoría y no integró la decisión de la Cámara.
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Leyes que cita
- Ley 7.182 de CórdobaCodigo de procedimiento contencioso-administrativo
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