Sosa, Maria Cristina - Quiebra propia simple
La actora apeló la regulación de honorarios en el procedimiento concursal tras concluir la quiebra por ausencia de acreedores. La Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación y redujo la base regulatoria aplicando como monto base un sueldo y medio de secretario, disponiendo la distribución de honorarios entre los profesionales y sin costas.
¿Quién es el actor?
Sra. María Cristina Sosa (la fallida, apelante).
¿A quién se demanda?
Sentencia apelada dictada por el Juzgado de Primera Instancia 29ª Nominación Civil y Comercial (parte recurrida).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la regulación de honorarios profesionales dispuesta por la sentencia que declaró la conclusión del proceso falencial por ausencia de acreedores y reguló honorarios tomando como base dos sueldos de secretario; la apelante cuestiona la base de cálculo y pretende que se consideren las labores realizadas y la ley arancelaria local para procesos de jurisdicción voluntaria.
¿Qué se resolvió?
La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación y, en mérito, dispuso los honorarios de los profesionales intervinientes sobre la base de un sueldo y medio de secretario de primera instancia (calculada en $13.617,87) aplicando los porcentajes ya fijados por el a quo, fijando los importes: Cra. Claudia Marcela Díaz $6.808,93 (50%); Dr. Ricardo Raimo $1.361,78 (10%); Cra. Mercedes del Valle Giustti $4.085,36 (30%); Dr. Pedro A. Franchi $2.042,68 (15%); Dr. Marcos D’Angelis $680,89 (5%). Sin costas (art. 112, LCQ).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La fallida apela el resolutorio que luego de declarar la conclusión del proceso falencial por ausencia de acreedores y le impone las costas, regula los honorarios correspondientes a los profesionales actuantes en la causa partiendo de la base regulatoria de dos sueldos de secretario de primera instancia, y dirige su crítica a este último aspecto del decisorio. Aduce, en sustento de su queja, que la normativa que resulta expresamente aplicable en el caso indica que deben regularse los honorarios teniendo en cuenta únicamente las labores realizadas, sin remitir a los mínimos que resultan previstos por el art. 267 de la LCQ, y pretende que los honorarios de los profesionales sean determinados siguiendo lo dispuesto por la ley arancelaria local para los procesos de jurisdicción voluntaria sin contenido económico."
"En rigor, no encuentro justificado acudir a lo normado por la ley arancelaria local para los procesos aludidos por el quejoso, cuando justamente la ley falencial en el art. 271 se ocupa de aclarar que para el cálculo de las regulaciones previstas en la sección no se aplican las disposiciones de la ley local. Ello indica que la solución debe ser dispuesta sobre la base de los parámetros establecidos por las normativas que se registran bajo el título 'Regulación de honorarios' y solo en defecto de previsión concursal expresa o análoga podría acudirse a las leyes del lugar, pero ese no es el supuesto de autos en tanto existe norma expresa que debe ser interpretada bajo el contexto de lo normado para honorarios por la ley concursal."
"Por otra parte, es de reconocer que para valuar la tarea efectivamente realizada no podría dejar de ser juzgada la trascendencia económica del proceso y con ello coadyuvar a una justa retribución. Por ello se ha reconocido que puede resultar de utilidad el quantum del pasivo como del activo y al mismo tiempo respetar la proporcionalidad entre calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado... En la causa en particular luce justo que los honorarios sean dispuestos sobre una base inferior a la dispuesta por el sentenciante, equivalente al valor de un sueldo y medio de secretario de primera instancia, que calculada a la fecha del dictado de la resolución apelada se plasma en la suma de $ 13.617,87."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo votos en disidencia; los tres vocales adhieren a la solución propuesta por la Dra. Mansilla de Mosquera.
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Leyes que cita
- Ley 24.522Concursos y quiebras
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