Palacios, María Angélica B. c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo
La actora promovió acción contencioso administrativa contra CPSPTF impugnando aportes previsionales y la determinación de su haber inicial. El Superior Tribunal de Justicia rechazó las excepciones de inadmisibilidad de la instancia y de cosa juzgada opuestas por la demandada y dispuso la reanudación del plazo para contestar demanda, fundando su decisión en la confusión existente en la notificación administrativa y en la inexistencia de pronunciamiento judicial previo que configure cosa juzgada.
¿Quién es el actor?
Palacios, María Angélica B.
¿A quién se demanda?
Colegio de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) / IPAUSS (actor impugna actos administrativos vinculados al régimen previsional).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de aportes cobrados en demasía desde el 13/8/2003; cuestionamiento de la determinación del haber inicial; nuevo cálculo que incluya períodos docentes (1999-2000); pago de daños y diferencias con intereses.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron las excepciones de inadmisibilidad de la instancia y de cosa juzgada opuestas por la demandada; se dispuso la reanudación del plazo para contestar demanda; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"4.1. En cuanto a la inadmisibilidad de la instancia, como ya se señalara en el decisorio de fs. 22/23, la divergencia verificada entre la Disposición de Presidencia CPSPTF Nº 120/2017 -que rechazó el reclamo administrativo por la cuestión traída a este proceso- y la cédula de notificación respectiva (fs. 138 y 141 del expediente previsional) compele a considerar la incerteza en favor de la temporaneidad de la acción. En concreto, aquella actuación indica a la reclamante que contra su contenido puede interponer recurso de reconsideración del art. 127 de la Ley Nº 141 o tener por agotada la vía en los términos del art. 24 del CCA. En tanto la diligencia aludida en segundo orden consigna la posibilidad del recurso de reconsideración conforme art. 127 de la Ley Nº 141 o del recurso jerárquico conforme art. 133 de la misma ley. Este patente defecto, ya advertido por el Cuerpo al declarar la admisibilidad formal de la demanda no ha sido desvirtuado, ni explicado en el desarrollo excepcionante que se evidencia, así, insuficiente al fin dilatorio pretendido. La articulación en trato tampoco da razones para desvirtuar la aplicación del liminar principio procesal en que se fundó esa decisión. Véase que 'En la cuestión del plazo para demandar, aparecen enfrentados dos principios de nuestro ordenamiento: los de seguridad jurídica y pro actione...no cabe duda que la asunción del principio de la tutela judicial efectiva, que tan claramente manifestara la Corte y que tiene recepción constitucional desde 1853, al coexistir en nuestro ordenamiento con el principio de seguridad jurídica significa que tales valores deban tomarse como principios con carácter no absoluto, limitados por otros con los que debe convivir. De allí que podamos emplear la imagen de la ductilidad para la interpretación que pueda hacerse en casos concretos y donde la solución objetiva no predomine. Los plazos deben ser razonables y no deben dar lugar a confusión...' (Hutchinson Tomás, 'Derecho Procesal Administrativo', Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, Tomo II, pags. 360 y 361). Precisamente, en los antecedentes de este proceso la confusión no se verifica de manera objetiva con relación a la extensión del plazo para demandar -90 días-, sino respecto al efectivo agotamiento de la vía con el dictado de la disposición denegatoria del reclamo; y ello es así porque la cédula de notificación de este acto consigna -erróneamente- la alternativa del recurso jerárquico. Abundando lo dicho, el art. 54 de la Ley Nº 141 denota la relevancia de la advertencia sobre el agotamiento, cuando prescribe que si en la notificación 'se omitiese la indicación de que el acto agotó la vía administrativa, el plazo para deducir la demanda judicial comenzará a correr transcurrido el lapso' de 90 días."
"4.2. En orden a la cosa juzgada, también surge nítida su improcedencia, ya que la demandada no identifica ningún pronunciamiento judicial previo entre las mismas partes, con idéntico objeto y similar causa susceptible de confrontar con la actual controversia, para dar andamiaje a su excepción."
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