JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

D’Amelio, Patricia Haydee c. Julia Concepción Bustos s/ Consignación

La actora demandó a su locadora solicitando la aplicación del beneficio de justicia gratuita previsto en el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor para eximirla del pago de tasas y aportes procesales. La Cámara confirmó la resolución de primera instancia y rechazó la aplicación del art. 53 LDC al ámbito de la administración de justicia provincial por ser materia propia de la organización y financiación provinciales en el marco del sistema federal.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-12973
Apelacion Ley de defensa del consumidor Art. 53 Justicia gratuita Tasa de justicia Sistema federal Competencia provincial Acceso a la justicia Costas Administracion de justicia provincial

¿Quién es el actor?

Patricia Haydee D´Amelio (actora).

¿A quién se demanda?

Julia Concepción Bustos (locadora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Solicitud de aplicación del beneficio de justicia gratuita previsto en el art. 53 de la Ley 24.240 (t.o. Ley 26.361) para quedar exenta del pago de tasa de justicia y aportes procesales.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora, confirmando la resolución de primera instancia en todo cuanto decide y fue materia de agravio. Costas por su orden, en ambas instancias.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Dispone el 4to. párrafo del art. 53 de la LDC (ley 24.240, TO ley 26.361), que: 'Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio'."

"Empero lo dicho no supone aceptar que sea el Congreso de la Nación quien desde el dictado de los códigos de fondo que hacen a su competencia en cuanto facultad delegada (art. 75, inc. 12, CN), se inmiscuya en un aspecto que, por el propio Sistema Federal que como forma de Gobierno adopta la Nación Argentina (art. 1, cit.), determina que serán las provincias quienes se ocupen de la administración de justicia en todos aquellos aspectos que no sean asignados a la Justicia Federal (arts. 5, 116, 121, sigs. y cc, CN ...), lo cual supone, entre otras cosas, la atribución de las provincias de organizar 'el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero', que habrá de incluir la indispensable previsión de los recursos presupuestarios necesarios para la atención de dichas funciones."

"Así puesta la situación, se muestra claro que la normativa cuya aplicación ha desechado la resolución recurrida y cuya revisión aspira la apelante, no parece superar el tamiz constitucional que determina el sistema federal de gobierno adoptado por la Nación Argentina, siendo inaplicable, por tanto, la disposición cuestionada, para el ámbito de la administración de justicia ordinaria que, como en el caso de esta provincia, tiene previsto un mecanismo de gratuidad para aquellas personas que no puedan asumir los costos del proceso judicial en el que habrán de intervenir, demandando, en su caso, la aplicación del mentado art. 53, LDC, de una norma correlativa provincial que lo avale, por tratarse de un poder no delgado (conf. C6ºCC. Cba., SJ, 1811, pág. 821 —voto del Dr. Simes, en mayoría—)."

"Del contexto precedente, en función de la normativa aplicable a la luz del sistema federal de gobierno que impera en la República Argentina, se advierte que no alcanza al ámbito de la Provincia de Córdoba la disposición de gratuidad que consagra el art. 53, LDC, por lo que debe mantenerse la disposición que ordena a la actora a que cumplimente con las obligaciones impositivas y previsionales a su cargo."

¿Cómo votaron los jueces?

No consta voto en disidencia relevante; la decisión que se resume corresponde al acuerdo final de la Cámara.

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