Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Fondo Fiduciario de Capital Social – Ejecutivo fiscal
La Dirección de Rentas inició ejecución fiscal contra el Fondo Fiduciario de Capital Social por anticipos correspondientes al año 1999. La Cámara Séptima de Apelaciones hizo lugar parcialmente a la apelación de la demandada: confirmó la resolución en lo demás, pero declaró que las costas relativas a los anticipos 1 a 7/1999 se imponen a la actora y distribuyó las costas de esta instancia 60% a la demandada y 40% a la actora.
¿Quién es el actor?
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba (Fisco provincial).
¿A quién se demanda?
Fondo Fiduciario de Capital Social.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal por anticipos correspondientes al período fiscal 1999 (anticipos 1 a 7) y cobro de suma reclamada ($2.404,31 en primera instancia más intereses, según la sentencia recurrida).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, disponiéndose que las costas respecto de lo pretendido por los anticipos 1 a 7 del año 1.999 se imponen a la parte actora; en lo demás la resolución apelada queda confirmada. Además, en esta sede se impusieron las costas en un 60% a la demandada y en un 40% a la actora y se regularon honorarios para los letrados intervinientes.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Sobre la inconstitucionalidad del art. 2º, 2º párrafo de la ley 9.024 (según ley 9.201), la mayoría sostuvo que "La misma vino a atender el problema del exceso de causas en los Juzgados de Ejecución Fiscal, y tuvo por finalidad agilizar el trámite de percepción de los tributos." y que "el conflicto se podría suscitar cuando se analiza la correlación de esta norma con el art. 7 de la ley 9.024 en un supuesto de falta de oposición de excepciones, que no es el caso, lo que determina que no procede expedirme sobre el punto." Añadiendo que "la declaración de inconstitucionalidad debe hacerse en concreto, con relación a la causa que se somete al juzgamiento del magistrado".
Sobre las costas, la mayoría consideró admisible el agravio y decidió revocar parcialmente la sentencia en ese punto: "Dadas las particularidades de la presente causa, no existen razones atendibles para apartarse del principio de vencimiento objetivo del art. 130 CPC, particularmente considerando que la actora inicia la ejecución de deuda tributaria correspondiente al año 1.999 habiendo transcurrido en exceso el plazo de prescripción." Y concluyó: "Así las cosas, procede imponer la totalidad de las costas derivadas de la acción cuya prescripción motivara el allanamiento de la actora, a la misma, revocándose parcialmente el fallo en ese aspecto."
Sobre la distribución de costas de esta instancia, la mayoría señaló que "La imposición de costas en su totalidad a una de las partes resulta violatoria de lo dispuesto en el art. 132 del CPC... aparece adecuado establecer prudencialmente que las costas en esta instancia en un 60% a la apelante y en un 40% a cargo de la actora apelada".
¿Cómo votaron los jueces?
el Vocal Dr. Rubén Atilio Remigio disintió y propuso declarar la inconstitucionalidad del artículo controvertido, por entender que la norma "produce la supresión de [la garantía del] Juez natural" y que "poner en manos de una de las partes ... la decisión de llevar adelante la ejecución ... importa vulnerar el equilibrio entre las dos partes en el pleito." En su criterio la nulidad debía alcanzarla notificación de fs. 8 y, en consecuencia, las costas debían imponerse a la actora en ambas instancias. (Este voto quedó en minoría y no integró la decisión final de la Cámara).
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