Salvi, Pablo Andrés, robo calificado por uso de arma - Recurso de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad contra la pena impuesta por robo calificado por uso de arma: el Tribunal Superior de Justicia rechazó el planteo y confirmó la validez del escalonamiento penal del art. 166 inc. 2º del CP por no acreditar clara equivocación del legislador. Se impusieron además las costas procesales.
¿Quién es el actor?
La Dra. María Raquel Martínez, Asesora Letrada de la Segunda Circunscripción Judicial en ejercicio de la defensa de los imputados.
¿A quién se demanda?
Sentencia N° 58 de fecha 16/06/2011 dictada por la Cámara Segunda en lo Criminal de Río Cuarto (Sala Unipersonal).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de inconstitucionalidad respecto de la escala penal prevista en el artículo 166, inciso 2º, segundo párrafo, del Código Penal (robo calificado por uso de arma de fuego operativa); se solicitó aplicar el mínimo del primer párrafo (5 años) en lugar del mínimo agravado (6 años y 8 meses) por considerar la escala desproporcionada y violatoria de los principios de proporcionalidad e igualdad.
¿Qué se resolvió?
El Tribunal Superior de Justicia, en pleno, resolvió rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. María Raquel Martínez contra la Sentencia n° 58 de fecha 16/06/2011 de la Cámara Segunda en lo Criminal de Río Cuarto. Con costas (arts. 550 y 551, CPP).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Sobre el estándar de control (regla de la "clara equivocación"):
"la denominada regla de la clara equivocación implica que 'sólo puede anularse una ley cuando aquéllos que tienen el derecho de hacer leyes no sólo han cometido una equivocación, sino que han cometido una muy clara -tan clara que no queda abierta a una cuestión racional', en cuyo caso 'la función judicial consiste solamente en establecer la frontera exterior de la acción legislativa razonable'... No se trata así de controvertir por los jueces el mérito, conveniencia o discrecionalidad de los legisladores en la fijación de las escalas penales, sino de reparar el error a través del remedio con que el Poder Judicial cuenta para restablecer los principios constitucionales en juego (T.S.J., Sala Penal, Sent. n° 56, 8/7/2002, 'Zabala')."
Sobre la justificación de la agravante por uso de arma:
"el fundamento en que reposa la mayor entidad penal de la conducta de quien utiliza un arma para delinquir, tiene su razón de ser no sólo en la intimidación de la víctima, sino también en el mayor peligro real que ella corre ante un objeto que tiene capacidad ofensora... la agravante del inc. 2º -segundo párrafo- del art. 166 CP, se configura con la existencia objetiva y concreta de una potencialidad dañosa, entendiendo por tal a la capacidad o posibilidad para producir un daño."
Sobre la improcedencia de las comparaciones invocadas por la defensa y la alegada vulneración del principio de igualdad:
"las comparaciones entre las escalas penales de diferentes figuras que efectúa la recurrente resultan también inapropiadas por el hecho de cotejar figuras básicas no consumadas (tentativa de homicidio simple) con figuras agravadas consumadas (robo agravado por el uso de arma de fuego operativa consumado)... el argumento de la recurrente vinculado a la vulneración del principio de igualdad... desconoce doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación... 'el agravio a la garantía constitucional de la igualdad se configura si la desigualdad emana del texto mismo de la disposición legal, y no de la interpretación que le hayan podido dar las autoridades encargadas de hacerla cumplir' ('Albarracín c/ ANSeS; Fallos 330:3400')."
(El Tribunal cita además precedentes propios que sostienen la razonabilidad del aumento de pena por la mayor peligrosidad que implica el arma de fuego: "Villarruel", "Toledo", "Rodríguez", "Martinez", entre otros.)
No hubo votos en disidencia registrados: la decisión se adoptó por el Pleno y el bloque dispositvo final rechazó el recurso.
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