Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y Otro – Presentación Múltiple Fiscal
El Fisco provincial demandó por ejecución fiscal contra el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Asociación Mutual por deudas tributarias de diversos períodos. La Cámara rechazó la apelación del actor y confirmó la sentencia de primera instancia, que declaró prescritos ciertos períodos y ordenó la ejecución por los restantes, imponiendo costas por su orden.
¿Quién es el actor?
Fisco de la Provincia de Córdoba.
¿A quién se demanda?
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Asociación Mutual de Ayuda Recíproca para Obreros y Empleados de la Industria del Metal y afines de la Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Demanda ejecutiva fiscal por obligaciones tributarias correspondiente a períodos fiscales 1999/10–20–30–40, 2000/10–20–30, 2001/10–20–30–40 y 2002/10, con ejecución hasta el pago de $965,52 más recargos e intereses.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, se confirmó la sentencia de primera instancia; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En tal sentido se ha dicho: 'Los despachos telegráficos, a los que le son aplicables los principios y normas de los instrumentos privados, para constituirse en notificaciones jurídicamente válidas requieren no sólo la prueba de su contenido sino también la acreditación de su recepción por el destinatario, sea por el reconocimiento que este último realice o por comprobación judicial.' ... En esas condiciones no es hábil para acreditar la suspensión del plazo de la prescripción, ya que el art. 3986, CC, hace referencia a la constitución en mora del deudor, alude a la 'interpelación' del acreedor en forma auténtica (acta notarial, telegrama, carta documento oficial, etc.) exigiéndole el cumplimiento de la obligación. Esta interpelación suspende el curso de la prescripción pues evidencia la voluntad del acreedor de ejercer su derecho. Pero es del caso que la nota enviada al domicilio fiscal resulta un instrumento privado, no siendo tampoco firmada por el demandado ni reconocida la firma de quien recibiera la nota."
"De ello se desprenden dos conclusiones contundentes. En primer lugar, que el régimen adjetivo previsto por los arts. 192, 197, 243 y concordantes del CPCC sólo se vincula con la documental que se atribuya al adversario. En cambio, si el instrumento ofrecido por la parte proviniera de terceros ... la regulación procesal aplicable no sería la propia de la prueba documental, sino la de la testimonial ... Por ello, cabe concluir que corresponde confirmar la sentencia de primera instancia. Es que, aun cuando la intimación pueda evidenciar la intención del acreedor de romper la inacción, es menester que ese propósito haya llegado a conocimiento del deudor para configurar interpelación auténtica y suspender la prescripción, lo que en el caso no ha ocurrido."
¿Cómo votaron los jueces?
No hay voto en disidencia; los Dres. Liendo y Díaz Reyna adhieren al voto de la vocal preopinante.
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