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Tribunal Superior

Fernández, Ruperto c/ Libertad S.A. – Ordinario – Cobro de Pesos – Recurso de Apelación – Recurso de Casación

El actor demandó a Libertad S.A. por daños y perjuicios derivados de la sustracción de su automóvil en la playa de estacionamiento del hipermercado, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de casación por la causal del inciso 1º del art. 383 C.P.C. y declaró mal concedido el recurso en cuanto al inciso 3º, imponiendo las costas de la instancia extraordinaria al actor.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-15826
Defensa del consumidor Ministerio publico fiscal Art. 52 ley 24.240 Nulidad procesal Causal 1? art. 383 c.p.c. Causal 3? art. 383 c.p.c. Carga de la prueba Convalidacion Costas Tribunal superior de justicia (cordoba)

¿Quién es el actor?

Ruperto Fernández.

¿A quién se demanda?

Libertad S.A. (y codemandada en garantía L’Unión de París Compañía Argentina de Seguros S.A. en instancia anterior).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios por la sustracción del automóvil del actor en la playa de estacionamiento del hipermercado explotado por la demandada; acción fundada en el art. 42 CN, art. 7 Ley 24.240 y Decreto 1798/94 (reclamo resarcitorio en sede de consumo).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación fundado en la causal del inciso 1º del art. 383 C.P.C., y se declaró mal concedido el recurso en relación al motivo que prevé el inciso 3º de la misma norma. Se impusieron las costas de la instancia extraordinaria al actor y se fijó el porcentaje para la regulación de honorarios en favor de los Dres. Juan José Castellanos y Enrique Allende en el 32% del mínimo de la escala respectiva, adicionando 21% por IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "La intervención obligada del Ministerio Público Fiscal no es a los fines que represente al particular damnificado en la relación de consumo, ni que actúe en el nombre de una asociación de consumidores, sino que interviene por un interés actual, colectivo y relevante, en defensa del orden público y de la ley, resguardando la regularidad del proceso en el que se encuentra en juego un derecho de incidencia colectiva y garantizando la fiel observancia de los derechos expresamente consagrados en la Constitución Nacional." (texto en el voto)

2) "La omisión de convocarlo sólo adquiere virtualidad para irrogar un perjuicio cierto, real y concreto que afecte la validez del proceso, en la medida de que ese déficit haya redundado, en el caso concreto, en frustración o menoscabo de las alternativas que a dicho órgano asistían, de efectuar aquel control de manera útil y eficaz." (texto en el voto)

3) "La intervención efectiva que dicho órgano tome en el juicio -aún tardía- posee aptitud intrínseca suficiente para purgar el vicio y sanear, en consecuencia, la nulidad que aquél hubiese podido generar, a menos -como se dijo- que él mismo, en su condición de único legitimado a hacer valer la irregularidad de mentas, asuma la titularidad del requerimiento nulificante..." (texto en el voto)

Sobre la causal 3ª art. 383 (sentencias contradictorias): el Tribunal concluye que el motivo fue mal concedido porque la alegada contradicción versa sobre valoración probatoria y reglas de onus probandi, materia en la que no corresponde imponer pautas uniformes desde la instancia casatoria: "el recurso se presentaba ab origine formalmente improcedente... respecto de tales cuestiones no cabe que el órgano casatorio asuma la función de unificación jurisprudencial".

¿Cómo votaron los jueces?

Todos los vocales (Dr. García Allocco —voto extenso de fundamento—; Dr. Sesín; Dra. Blanc G. de Arabel) adhirieron y votaron en igual sentido; no hubo disidencia signada en el acuerdo final.

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