JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Bordón, Nelson Gastón y otros p.ss.aa. Asociación ilícita, etc

Solicitud de suspensión del juicio a prueba presentada en favor de dos imputados por delitos de asociación ilícita y estafa. La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido por no concurrir los requisitos objetivos y por la oposición del Ministerio Público y la insuficiencia de la oferta de reparación.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-63206
Suspension del juicio a prueba Probation Art. 360 bis cpp Reparacion del dano Estafa Asociacion ilicita Oposicion del ministerio publico Insuficiencia de oferta Audiencia Cordoba

¿Quién es el actor?

El Dr. Guillermo Dragotto, en representación de los imputados Oscar Antonio Gómez y María Jorgelina Güemes, solicitó la suspensión del juicio a prueba (art. 360 bis CPP).

¿A quién se demanda?

Petición planteada ante la Cámara de Apelaciones Criminal; se opusieron el Ministerio Público Fiscal (Dr. Sironi) y el apoderado del querellante particular (Dr. Palacio Laje).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acceso al instituto de la suspensión del juicio a prueba (probation) ofreciendo reparación económica conjunta de $20.000 y realización de tareas comunitarias.

¿Qué se resolvió?

La Cámara resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada a favor de Oscar Antonio Gómez y María Jorgelina Güemes, en virtud de no reunirse los requisitos legales y por la oposición del Ministerio Público y del querellante particular.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre el marco normativo y la vinculación de la oposición fiscal:

“...El instituto de la suspensión del juicio a prueba se encuentra legislado en el artículo 360 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba... Seguidamente, se prevé que no procederá la suspensión del juicio a prueba ‘cuando un funcionario público, en ejercicio o con motivo de sus funciones, hubiese sido el autor o partícipe en cualquier grado respecto al delito investigado’. Finalmente, el 4º párrafo reza: ‘…Al solicitar la suspensión del proceso a prueba el imputado o su defensor deberán ofrecer, según las posibilidades de aquel, reparar razonablemente y proporcionalmente el daño producido por el hecho (…) Si el imputado no contara con medios suficientes para la reparación del daño podrá ofrecer otro modo alternativo de reparación…’.”

2) Fundamentos sobre Oscar Antonio Gómez (voto mayoritario de Rojas Moresi y Centeno):

“...conforme surge de la acusación, su participación habría sido de tal grado e importancia en la comisión de los hechos endilgados que, prima facie y en caso de comprobarse, no resulta procedente un eventual pronóstico hipotético punitivo, en el que la pena resultaría de ejecución condicional. Tal oposición formulada por el representante del Ministerio Público resulta razonable y vinculante para esta Cámara, conforme reza el art. 360 bis CPP: ‘…La oposición del Ministerio Público, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el Tribunal…’.”

3) Fundamentos sobre María Jorgelina Güemes (mayoría):

“...la conformidad del representante del Ministerio Público Fiscal no obliga a su concesión automática... corresponde se examinen las condiciones de procedencia que la ley requiere para su otorgamiento. Aquí es dable destacar la oposición formulada por el apoderado del querellante particular con relación a la insuficiencia del monto ofrecido ($20.000) en concepto de reparación. Y es que el ofrecimiento efectuado no resulta ni proporcional ni razonable al daño causado según la acusación fiscal, el cual el querellante estima que a la fecha sería de $1.000.000. Además, la oferta debería abarcar a la totalidad de las supuestas víctimas... Sólo adjunta el recibo de alquiler de su vivienda y de sueldo que percibe como empleada de comercio, pero ello no permite llegar a la conclusión certera de que no cuenta con fondos o medios suficientes para realizar una oferta razonable... Hasta ahora, solo queda acreditada una oferta a todas luces insuficiente para los hechos que endilga la acusación.”

4) Voto concurrente (Cabanillas) sobre la negativa:

“...No sucede lo mismo respecto de lo analizado en referencia a María Jorgelina Güemes, ya que soy de opinión que el pedido debe ser rechazado, no por insuficiencia de la oferta reparatoria, sino porque, en este caso, asiste la razón al querellante particular... no se dan los presupuestos objetivos para la concesión del pedido de suspensión del proceso a prueba, ya que el pronóstico punitivo hipotético concreto permite sostener que es probable, en caso de condena, que la pena a imponer a María Jorgelina Güemes sea superior a tres años de prisión... Está imputada como miembro de una asociación ilícita y por dos hechos de estafa en concurso real... Por todo ello, postulo el rechazo del pedido de suspensión del proceso a prueba por no sortear el requisito objetivo del art. 360bis. inc.1, CPP.”

Observación sobre la decisión: la resolución final del acuerdo fue el rechazo del pedido, conforme consta en la parte resolutiva transcripta; las distintas consideraciones quedan consignadas en los votos individuales, siendo la oposición fiscal y la insuficiencia del ofrecimiento reparatorio —además del pronóstico punitivo respecto de las imputaciones— las razones centrales para denegar la probation.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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