JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Municipalidad de Córdoba c/ Est. Five SA – Presentación Múltiple Fiscal

Ejecución de honorarios contra la Municipalidad de Córdoba y pedido de medida cautelar por parte del ejecutante. La Cámara hizo lugar a la apelación, revocó el proveído de fecha 27/03/14, declaró inaplicable la normativa cuestionada y ordenó al tribunal de grado otorgar la medida cautelar solicitada, imponiendo costas de segunda instancia a la actora.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-63226
Ejecucion de honorarios Medida cautelar Inconstitucionalidad Inembargabilidad de fondos publicos Municipalidad de cordoba Costas Ordenanza municipal Ejecucion fiscal Credito alimentario Perencion de instancia

¿Quién es el actor?

El ejecutante (representado por el Dr. Pablo Francisco Escalera), en ejecución de honorarios — sociedad ejecutante (Est Five S.A. / letrado apoderado).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Córdoba.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios regulados (suma de $784,12 más IVA) y traba de embargo sobre cuentas municipales por $2.500; además se planteó la inconstitucionalidad de normas municipales, provinciales y nacionales que impiden o condicionan el embargo de fondos públicos y se solicitó medida cautelar para asegurar el cobro (carácter alimentario de los honorarios).

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones acogió el recurso de apelación del ejecutante, revocó el proveído de fecha 27/03/14, declaró la inaplicabilidad de la normativa cuestionada y ordenó al tribunal de grado la provisión de la medida cautelar solicitada a fs. 46 vta.; además impuso las costas de segunda instancia a la actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por lo tanto, aun en el supuesto de que estuviera vigente la norma cuya validez se cuestiona y pese a haber declarado en otros casos su inconstitucionalidad, la misma no sería aplicable para este caso concreto."

"Tal lapso de tiempo debió -conforme reglas elementales de diligencia- ser utilizado por la Administración Municipal para iniciar los pasos procedimentales y dar intervención a los órganos de control requeridos para preservar la legalidad jurídica objetiva en el cumplimiento de las obligaciones estatales. Es que si la finalidad de la normativa impugnada es impedir el embargo de ciertos fondos hasta tanto se cumplimente con el procedimiento dispuesto por los arts. 11 y 12 de la Ordenanza Municipal Nº 12.009, con el objeto de otorgar al Estado un término especial para realizar los trámites y controles que postergan necesariamente la posibilidad de cumplir la sentencia, dicho tiempo ya ha sido con creces otorgado a la Administración."

"De ello se deriva que en autos el crédito del actor no está sujeto a régimen emergencial alguno, por cuanto éste carece de vigencia a partir del primero de enero del año 2018, lo contrario implicaría otorgar a las disposiciones en crisis y sus modificatorias un alcance ultra activo impropio."

(No hubo votos en disidencia que alteren la solución mayoritaria consignada en la parte resolutiva).

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