Asociación para el Progreso de la Educación SRL c/ Contrera, Gustavo y otro –Presentación Múltiple - Abreviados
La Asociación para el Progreso de la Educación SRL reclamó el pago de $1.633,32 más intereses por servicios educativos contra Gustavo Contrera y Paula Vanesa Monzón. La Cámara rechazó el recurso de apelación de Monzón y confirmó la condena a pagar esa suma, con costas a la apelante, por considerar insuficiente la negativa genérica y tener por reconocida la documental suscripta.
¿Quién es el actor?
Asociación para el Progreso de la Educación SRL.
¿A quién se demanda?
Gustavo Contrera y Paula Vanesa Monzón.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de suma de $1.633,32 (más intereses) por servicios educativos (prestación de servicios educativos privados) acreditada mediante "Copia certificada de los Registros de Alumnos Regulares".
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto por Paula Vanesa Monzón y confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda y condenó a la codemandada a abonar $1.633,32 más intereses; impuso las costas a la apelante (art. 130, CPC).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"5. Ingresando al análisis de la cuestión planteada, es necesario destacar que, en primer término, nos encontramos ante un contrato de prestación de servicios educativos privados donde una de las partes denominada como 'establecimiento o institución no estatal' se obliga a desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, y la otra parte 'educando', se encuentra obligado a colaborar en su ejecución asumiendo –en el caso– el pago de una suma de dinero en contraprestación de dichos servicios.
6. En coincidencia con lo opinado por la Sra. fiscal de Cámaras, la LDC es aplicable en la especie, a tenor de lo dispuesto en su art. 1, ya que la actividad de la actora se encuentra dentro de las prestaciones de servicios alcanzadas por ella, siendo el demandado el consumidor y la accionante el proveedor o prestatario del servicio, enmarcado en una relación de consumo. Por ende, son totalmente aplicables a la causa los principios tuitivos de los consumidores establecidos en tal ley.
7. El art. 192, CP, distingue claramente entre los efectos del silencio total o parcial de los hechos expuestos en la demanda, de los documentos que con ella se acompañasen. Mientras en el primer caso puede o no estimarse un reconocimiento o admisión de la verdad de esos hechos, con el alcance de confesión, tratándose de los documentos, en cambio, la respuesta reticente o su negativa genérica lleva imperativamente a tenerlos por reconocidos o recibidos. El silencio adquiere de tal modo fuerza vinculante de admisión (CSJN, fallos 275:407). En ese sentido deben considerarse las manifestaciones vertidas en la contestación de la codemandada como excesivamente genéricas y por ello insuficientes a los fines de satisfacer la carga aludida. [...] Huelga decir que tal defensa luce absolutamente insuficiente.
8. Igualmente improcedente resulta la mención en Cámara de que era la actora quien debía acreditar la autenticidad de la firma, lo que no hizo, afirmación que luce dos déficits: el primero, en su apelación muestra no haber desconocido la firma, aunque atribuye ello a que no se le habría supuestamente imputado, lo que impide, obviamente, que la contraria pruebe una pertenencia que no fuera negada (art. 242, CPC). El segundo, si hubiera desconocido la firma, para que ello tuviera gravitación en su favor debió indicar, bajo apercibimiento de tenerlo por reconocido, documentos públicos o privados reconocidos que lleven su firma, para el cotejo o manifestar que no existen, cuya omisión también impide contemplar su postura defensiva (art. 243, CPC)."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto de la Sra. Vocal preopinante, María Rosa Molina de Caminal, explica y funda la resolución; el Dr. Jorge Miguel Flores adhiere a dicho voto. No hubo disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
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