Coop. de Icho Cruz Ltda c/ Bongiovanni, Lidia Mafalda – Ejecutivo
La Cooperativa actora promovió ejecución por deuda de servicios de agua contra la Sra. Bongiovanni; la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la apelación de la demandada y revocó la sentencia de primera instancia por considerar inhábil el título ejecutivo por la presunción contenida en el art. 30 bis de la ley 24.240. La Cámara impuso costas al vencido y reguló honorarios parciales conforme lo expresado.
¿Quién es el actor?
Coopi. de Icho Cruz Ltda. (proveedor de servicio público de agua).
¿A quién se demanda?
Bongiovanni Lidia Mafalda.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Proceso ejecutivo por cobro de supuesta deuda por prestación de servicio de agua (períodos diciembre 2007 a septiembre 2009), mediante certificado de deuda y documentos acompañados por la actora.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación de la demandada; se consideró procedente la excepción de inhabilidad de título y se revocó la sentencia en todo cuanto decide. Se impusieron las costas de ambas instancias al vencido y se reguló parcialmente el honorario del apoderado de la parte actora en los términos indicados.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"II) Adentrándonos en el análisis del primer agravio, cabe decir que en concordancia con lo advertido por la Sra. Fiscal de Cámaras, el a quo ha soslayado en su resolución referirse a la Ley de Defensa del Consumidor, específicamente a la presunción que establece el art. 30 de ese ordenamiento a pesar que era imprescindible, en tanto era evidente que la cuestión engasta dentro de esa norma tuitiva. Ello es así desde que la relación entre la actora y demandada se encuentra comprendida en los supuestos previstos por los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, por tratarse de una demanda promovida por el proveedor de un servicio público como lo es la provisión de agua corriente, contra un usuario que adquiere ese servicio como consumidor final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. De tal manera que resulta ineludible entrar a la defensa que trae a colación el demandado en su recurso que gira en torno a la aplicabilidad de esa normativa aún en el marco de este juicio ejecutivo."
"IV) En lo atinente a la segunda queja, acierta la demandada al invocar a favor de su parte el art. 30 bis de la L.D.C.. Esto desde que la misma exige que en las “constancias” (vocablo abarcativo de facturas, liquidaciones, comprobantes u otros documentos similares) que las empresas proveedoras de servicios públicos entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios, deberán expresar, si el usuario nada adeuda, que “no existen deudas pendientes”. ... De esta manera, el ordenamiento ha procurado erigir un valladar a las demandas en las que se pretendía ejecutar a usuarios de servicios públicos por el solo hecho de no contar con los recibos que constaten el pago de los mismos para presentarlos en juicio como defensa, viéndose inmersos en la inseguridad constante de no saber qué reclamaciones tendrán que afrontar en lo sucesivo, y sus montos."
"Lo cierto es que frente a la constitucionalización e imperatividad con la que se impone hoy el orden consumeril, yerra la magistrada al no haber despejado la presunción contenida en el art.30 bis comentado, la que opera respecto de los períodos reclamados por la actora en autos (diciembre 07 a septiembre 09). Es así que si tomamos la factura acompañada a fs. 27, podemos ver que la misma fue emitida con fecha 31-03-2010; en ella se consigna como importe adeudado la suma de $ 162,36 entre el 10-09 y el 01-10. No se indica que haya deuda por mora y/o juicio. Recién el 02-12-2010 se interpone la demanda donde se acompaña el certificado de fs. 1/2 emitido con fecha 30-10-2010 reclamando la actora la suma de $ 906,58 por periodos comprendidos entre diciembre de 2007 a septiembre de 2009. Del cotejo de la factura acompañada con lo reclamado por la Cooperativa, se advierte que no se incluyó como deuda pendiente en aquella factura el monto que figura en el certificado, con lo que opera la presunción del art. 30 bis en relación a los conceptos reclamados. De esta manera, es correcta la tesitura de la apelante en cuanto a la invalidez del certificado de deuda para operar como título en el presente juicio ejecutivo... Por lo que la excepción de inhabilidad de título es pertinente. Corresponde hacerle lugar y de tal manera revocar la sentencia que admitió la ejecución."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registra voto en disidencia en la parte resolutiva; la decisión es colegiada (firmada por MARTÍNEZ, ARRAMBIDE y PUGA DE JUNCOS).
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
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