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Cámara de Apelaciones

M OBRAS PUBLICAS DE LA NACION c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINEDO PROVINCIA DE BUENOS AIRES-EXPTE 66115103/21 RESOL 11/23 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación demandó a la Municipalidad de General Pinedo por cobro de sumas de dinero por incumplimiento de convenio. La Cámara admitió la apelación de la municipalidad y revocó la resolución de primera instancia que había declarado no presentada su contestación, por considerar subsanable la omisión y prevalecer la verdad sustancial sobre excesos formales.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Fuero
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción
Federal · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CAF 043756/2023/CA001
Camara Apelacion Personeria Poder general Legalizacion Subsanacion Verdad sustancial Notificacion Costas Proceso de conocimiento

¿Quién es el actor?

Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de General Pinedo, provincia de Chaco.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de sumas de dinero por incumplimiento de convenio.

¿Qué se resolvió?

La Cámara admitió el recurso interpuesto por la Municipalidad y revocó la resolución de fs. 165 en cuanto fue materia de agravios (es decir, dejó sin efecto la declaración de no presentada la contestación de demanda), con costas de esta instancia en el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 47 del Código adjetivo establece que '[l]os procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder'. Por su parte, el art. 34, inc. 5º, apartado ii, de idéntico cuerpo legal, impone a los magistrados el deber de señalar —antes de dar trámite a cualquier petición— los defectos u omisiones en que hubieran incurrido las partes y ordenar su subsanación dentro del plazo que fije; facultad ésta que constituye el cauce procesal idóneo para asegurar el cumplimiento de las solemnidades establecidas por la ley ritual. Desde esta perspectiva, al intimar a la demandada a acreditar la personería invocada dentro de un plazo determinado, el juez de grado ejerció adecuadamente sus atribuciones."

"Sin perjuicio de ello, resulta necesario recordar el inveterado criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según el cual no cabe duda de que los tribunales siempre deben determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales, ya que el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es, es decir, una virtud al servicio de la verdad (Fallos: 238:550; 280:228, y 339:1615, entre otros). En este sentido, añadió que la interpretación de dispositivos procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento se vea turbado por un excesivo rigor formal, incompatible con un adecuado servicio de justicia y las reglas del debido proceso; máxime, cuando la necesidad de acordar prevalencia a la primera reconoce base constitucional en el art. 18 de la Ley Suprema (Fallos: 327:315; 339:444, entre otros)."

"En función de los postulados antedichos, y sin perjuicio de su incorporación una vez vencido el plazo fijado en el proveído de fs. 156, corresponde tener por acreditada en autos la documentación requerida por el magistrado —vale decir, debida legalización del poder general; cfr. presentación de fs. 157/164— y remediada la omisión incurrida en sus escritos previos de fs. 102/106 y 108/155. Ello así, a raíz del carácter subsanable que cabe predicar del instituto en juego y de la falta de personería endilgada (en similar sentido, esta Sala, causas CAF 3778/24 'Edificaciones Urbanas S.R.L', cit; y CAF 18274/25 'Díaz, Helena Margaret c/ E.N. – ARCA – Ley 20.628 s/ Proceso de Conocimiento', resolución del 9.04.2026)."

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia en el acuerdo final.

Normas que cita

Fallos que cita

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