Abbes, Romina Yazmin c/ EPEC Empresa Provincial de Energía de Córdoba - Procedimiento Sumario - Acción de reinstalación -
La actora promovió acción sumarísima por reinstalación y/o reasignación contra EPEC por supuesta modificación abusiva de sus condiciones de trabajo. La Cámara hizo lugar a la apelación, declaró competente al fuero laboral y ordenó que el juez de origen resuelva el fondo de la cuestión, con costas por el orden causado.
¿Quién es el actor?
Romina Yazmín Abbes.
¿A quién se demanda?
EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción sumarísima prevista en el art. 66 LCT (y art. 83 ley adjetiva) para que se restablezcan condiciones laborales alteradas por resoluciones de Directorio N° 80142 y 80143; pide reinstalación como Jefa de la Unidad Asesora de Relaciones Públicas (F/E Nivel 3) y, subsidiariamente, reasignación al cargo de Asesor Técnico (F/E Nivel 5). Denuncia ejercicio abusivo del ius variandi y una reducción del 42,79% en sus haberes, además de daño moral.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación de la actora, determinando la competencia del fuero laboral y, en consecuencia, se ordenó al a quo que resuelva sobre el fondo del asunto. Se impusieron las costas por el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"II. En las presentes actuaciones sin que haya sido planteado por las partes, en especial por la accionada que es la interesada (art. 38.1 CPT), el thema decidendum se refiere a una cuestión de competencia introducida oficiosamente por el a quo, cual es, si entender sobre el ejercicio del ius variandi (art. 66, LCT) por parte de una empresa del Estado Provincial (EPEC) es competencia laboral o contencioso-administrativa. Con relación a ello, el juez entiende “intratable” la demanda, porque considera que el vínculo que une a la actora con la demandada “es puramente de carácter administrativo”, y por ello decide que es incompetente el fuero laboral y rechaza la demanda. Ciertamente, este precario análisis, si bien parte de una base fáctica que es correcta, no tiene en cuenta la cuestión normativa. Es así que cabe señalar que, si bien en principio, cuando el sujeto a quien se atribuye la condición de empleador es la Administración Pública (nacional, provincial o municipal, entendiendo el concepto “administración” como el de cualquiera de los tres poderes del Estado en ejercicio de funciones administrativas), o un ente estatal descentralizado autárquico, la relación se rige por las normas del Derecho Administrativo y su contralor corresponde al fuero Contencioso Administrativo (cfr. en el mismo sentido, Sardegna Miguel Ángel, “Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas. Comentada. Anotada y Concordada”, Ed. Universidad, año 2003, p. 36). Pero ello, claro está, siempre y cuando no se configure, como sucede con el Derecho del Trabajo, en su faz sustancial, una contemplación normativa expresa en sentido contrario. Es lo que sucede con la excepción prevista taxativamente en el art. 2.a) de la LCT, el cual dispone, en la parte que interesa: “[...] Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo”. Los empleados de la EPEC, por encontrarse esta empresa pública inserta en el régimen de los convenios colectivos de condiciones de trabajo (CCT), dirimen sus cuestiones laborales ante los tribunales con competencia laboral: despidos, sanciones disciplinarias, indemnizaciones por muerte, incapacidad absoluta, etc., así como también, obviamente, cuando se trata de la denuncia de un ejercicio ilegítimo del ius variandi, o sea, del cambio arbitrario de condiciones de trabajo. Es decir, el presente supuesto, el caso planteado para su resolución en autos, engasta en la excepción prevista taxativamente por el art. 2.a) de la LCT, ya que la EPEC, tal y como expresamente lo reconoce a su vez la demandada, y aun cuando así no fuera, es de imperio legal, tiene a su personal encuadrado en distintos CCT. Ese encuadramiento es lo que habilita la aplicación de la norma referida, aun cuando pudiera tratarse de personal no convencionado, ya que igualmente se trata de trabajadores en relación jurídica de dependencia."
"III. Tal como expresa la fiscal de Cámaras: “No obstante la calificación efectuada por el juez de Conciliación, cabe advertir que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba es una entidad autárquica de la Provincia que se rige por la Ley Provincial N° 8111. Esta legislación, en su art. 38 dispone la adhesión de la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional 22425, en cuanto se refiere a las relaciones laborales del personal dependiente de los Entes Autárquicos de la Provincia”. Siendo ello así, compartimos en un todo las conclusiones [a que]arriba la fiscal de Cámaras, en tanto el vínculo y la controversia que emerge de los hechos planteados por la recurrente se rigen por el derecho laboral. En esa tesitura, y dado que el señor juez de Conciliación resolvió la cuestión sometida a su decisión introduciendo una excepción que no había articulado la parte demandada, con su actitud, al resolver equivocadamente que el fuero laboral no es competente, ha privado a las partes de contar con un pronunciamiento de primera instancia, revisable a través del recurso de apelación, por la Cámara Única de Trabajo, razón por la cual, y atento a que sí deviene competente el fuero laboral para entender, corresponde remitirle las actuaciones a fin de que dicte un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada."
¿Cómo votaron los jueces?
no se registran votos en disidencia en la parte resolutiva; la decisión es acordada por los firmantes indicados en la parte resolutiva.
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
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