Calderón, Ángel Agustín cpo. de ejecución de suspensión de juicio a prueba -Recurso de Casación
Recurso de casación contra el rechazo de la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado Ángel Agustín Calderón. El Tribunal Superior de Justicia rechazó la casación y confirmó la denegatoria fundada en la razonabilidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal y en criterios de oportunidad y política criminal; impone costas (arts. 550 y 551 CPP).
¿Quién es el actor?
Recurre en casación el Dr. Juan Manuel Uriz, en su carácter de defensor del imputado Ángel Agustín Calderón.
¿A quién se demanda?
Auto dictado por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Villa Dolores (auto n.º 241, 13/11/2017), en defensa del pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna en casación la resolución que rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba (probation) formulada por Calderón; se alega arbitrariedad e insuficiente fundamentación del dictamen fiscal, y un pronóstico punitivo incongruente.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por el Dr. Juan Manuel Uriz. Con costas (arts. 550 y 551 CPP).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"2. A los fines de dar respuesta al agravio traído por el impugnante y en relación al requisito del consentimiento del Fiscal para habilitar la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, 4° párrafo, CP), esta Sala ha sostenido de manera inveterada que dicha condición resulta insoslayable (TSJ, Sala Penal, "Oliva", S. n° 23, 18/4/2002; "Gómez", S. n° 160, 7/11/2006; "Smit", S. n° 35, del 14/3/2008, "Bringas", S. nº 138, 30/5/2013, entre muchas otras). Ello es así, pues el enunciado normativo que proclama el referido requisito, contiene una regla semánticamente autosuficiente, exenta de vaguedades o ambiguedades que lleven a confusión. De consiguiente, la gramaticalidad de la norma perjudica insanablemente una interpretación distinta y se erige en vallado insalvable que impide la apelación a todo otro canon de interpretación en procura de arribar a una télesis diferente. Tal tesitura, es consecuencia de la vinculación de este instituto con el principio procesal de oportunidad. Evidentemente, puesto que rigen aquí los criterios de política criminal que hacen a la oportunidad de mantener la persecución penal, 'deben quedar en manos exclusivas del órgano promotor de la acción y no de quien ejerce la jurisdicción, y el tribunal no está habilitado para examinar la razonabilidad del pedido o de la oposición' (cfr. García, Luis M., 'La suspensión del juicio a prueba según la doctrina y la jurisprudencia', Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año II, nros. 1 y 2, Ad Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 365; en igual sentido, De Olazábal, Julio, Suspensión del proceso a prueba, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 75)."
"4.a. Del análisis de los fundamentos del dictamen fiscal (reseñados en el apartado IV, punto 3, inciso c) se advierte, pues, que la conclusión fiscal contraria a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba de modo alguno carece de fundamentación. Extremo que, la tornaría arbitraria y consiguientemente, no vinculante para el Tribunal de mérito al momento de decidir sobre la concesión del mentado beneficio. Ello así pues, uno de los puntos neurálgicos del dictamen fiscal negativo recae sobre que el caso que nos ocupa está comprendido en la problemática denominada violencia urbana. Es así que, el Representante del Ministerio Público examinó el caso particular realizando un juicio de conveniencia y oportunidad político-criminal a los fines de evaluar la pertinencia en el otorgamiento del mentado beneficio. Consecuentemente, luego de realizar un análisis del contexto en que sucedió el hecho (disputas entre dos grupos de jóvenes), la naturaleza del mismo (conflicto vinculado a cuestiones de estupefacientes), resolvió denegar el beneficio solicitado, por cuanto entendió que esta clase de hechos requiere la realización del juicio en cuanto tales conductas ponen en riesgo a la sociedad en general."
"5. Por consiguiente, la pretensión impugnativa que el quejoso hace valer, no puede ser acogida, habida cuenta que el sentenciante, al resolver como lo hizo, actuó conforme a derecho. Por lo expuesto, voto negativamente."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia fue votada por mayoría unánime; no consta disidencia.
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