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Tribunal Superior

Moreno, Cristian Emmanuel y otro p.ss.aa. tenencia con fines de comercialización simple - Recurso de Inconstitucionalidad

El Fiscal de Cámara impugnó la declaración de inconstitucionalidad de la escala penal del art. 5 inc. c) de la Ley 23.737 aplicada al microcomercio. El Tribunal Superior, por mayoría, rechazó el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de dicho mínimo legal y la decisión de la Cámara de Río Tercero.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-64872
Recurso de inconstitucionalidad Ley 23.737 Art. 5 inc. c) Art. 34 ley 23737 Microcomercio Proporcionalidad Clara equivocacion Tribunal superior de justicia Penal Competencia provincial

Actor (quién recurre): Sr. Fiscal de Cámara de la ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo D. Martin.

Demandado (contra quién se dirige el recurso): Sentencia número 36 del 19/9/2016 dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero, en Sala Unipersonal (resolución que declaró inconstitucional el mínimo de la escala penal del art. 5 inc. c) ley 23.737).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal prevista por el art. 5 inc. c) de la ley 23.737 (aplicada a delitos atinentes al microcomercio de estupefacientes) y la consecuente imposición de pena menor por la a quo.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal de Cámara, confirmándose en efecto la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal impugnado y la decisión de la Cámara de Río Tercero; sin costas (arts. 550 y 552 CPP).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "En virtud de la votación que antecede corresponde, por mayoría, rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara de la ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo D. Martin, en contra de la sentencia numero treinta y seis del diecinueve de septiembre de dos mil dieciseis, dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero, en Sala Unipersonal; sin costas (arts. 550 y 552 CPP)." (bloque dispositivo final).

2) "Al analizar concretamente el planteo de inconstitucionalidad de la escala penal prevista por los delitos de tráfico del art. 5° inc. 'c' de la ley 23737 en función de lo dispuesto por el art. 34 inc. 1° del mismo cuerpo legal ... sostuvimos que el mantenimiento del mismo monto de pena privativa de la libertad para el caso del micro comercio de estupefacientes ... y el comercio macro ... afecta los principios de racionalidad y proporcionalidad, y la garantía de igualdad ante la ley ...". (fundamento mayoritario explicando la regla de la 'clara equivocación' y las razones para declarar inconstitucional la escala).

3) "En ese sentido, destacamos las significativas diferencias que existen entre el injusto de quien realiza actos de venta al consumidor final ... y los narcotraficantes que intervienen en los eslabones superiores de la cadena del macro comercio ... de modo tal que concluimos que el reparto de competencias ... no sólo obedece a una decisión de política criminal ... sino también a una diferente concepción de la gravedad de dichas conductas ..." (fundamento sobre la diferenciación entre micro y macro comercio y la necesidad de adecuación punitiva).

¿Cómo votaron los jueces?

Hubo votos en disidencia parcial/opinión contraria: los Vocales Luis Enrique Rubio y María Marta Cáceres de Bollati consideraron que no procede declarar la inconstitucionalidad del mínimo del art. 5 inc. c) y que la elección legislativa es razonable y no constituye una "clara equivocación". Señalaron que la declaración de inconstitucionalidad debe ser medida de última ratio y que la ley 26052 y la política criminal justifican mantener la escala. Asimismo, el Vocal Ítalo Vitozzi adhirió a los fundamentos del primer voto en lo general, pero entendió que en el caso concreto correspondía declarar la inconstitucionalidad por tensión de proporcionalidad y culpabilidad respecto de los hechos probados. Estas posiciones fueron identificadas como disidencias o votos concurrentes con diferentes conclusiones, pero la decisión del Tribunal siguió la mayoría que rechazó el recurso.

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