Ferrero, M.A. p.s.a. abuso sexual agravado reiterado -Recurso de Casación-
El defensor interpuso recurso de casación contra la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado por abuso sexual agravado reiterado. El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso y sostuvo la vinculancia del dictamen fiscal fundado en razones de política criminal y en la tutela de derechos de la víctima por la interacción de género y discapacidad, con costas.
¿Quién es el actor?
Doctor Rolbi Oscar Valdivieso, en su carácter de defensor del imputado M.A. Ferrero (recurrente en casación).
¿A quién se demanda?
Auto n.º 213 del 4/9/2017 dictado por la Cámara en lo Criminal, Correccional y de Acusación de la ciudad de Río Cuarto (impugnado en casación).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba (probation) solicitada por el imputado por hechos de abuso sexual agravado reiterado; se alega indebida aplicación del art. 76 bis CP y vulneración de la irretroactividad de la ley penal e igualdad por haberse tenido en cuenta dictamen fiscal fundado en normativa posterior (art. 360 bis CPP).
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa; confirmar en efecto la denegatoria del beneficio acordada por la cámara de mérito y condenar en costas (arts. 550 y 551 CPP).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En reiteradas oportunidades este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que el consentimiento del Fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, 4to. párrafo CP (T.S.J., Sala Penal, "Oliva", S. n° 23, 18/4/2002; "Gómez", S. n° 160, 7/11/2006; "Smit", S. n° 35, 14/3/2008; “Heredia”, S. n° 343, 16/9/14, “Martínez”, S. n° 59, 20/3/15, “Pereyra”, S. n° 239, 25/7/14, entre otros). Ello es así, pues el enunciado normativo que proclama el referido requisito, contiene una regla semánticamente autosuficiente, exenta de vaguedades o ambigüedades que lleven a confusión. De consiguiente, la gramaticalidad de la norma perjudica insanablemente una interpretación distinta y se erige en vallado insalvable que impide la apelación a todo otro canon de interpretación en procura de arribar a una conclusión diferente. Tal tesitura, es consecuencia de la vinculación de este instituto con el principio procesal de oportunidad. Evidentemente, puesto que rigen aquí los criterios de política criminal que hacen a la oportunidad de mantener la persecución penal, "deben quedar en manos exclusivas del órgano promotor de la acción y no de quien ejerce la jurisdicción, y el tribunal no está habilitado para examinar la razonabilidad del pedido o de la oposición" (cfr. García, Luis M., "La suspensión del juicio a prueba según la doctrina y la jurisprudencia", Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año II, nros. 1 y 2, Ad Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 365; en igual sentido, De Olazábal, Julio, Suspensión del proceso a prueba, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 75). ... No resulta ocioso recordar aquí que, las razones que puede alegar el fiscal al pronunciarse sobre la procedencia de la probation no deben apartarse de la doctrina sentada por el tribunal de casación, sin desarrollar argumentos que, por su carácter novedoso, no hayan sido considerados aún por este último Cuerpo y revistan potencial idoneidad para modificar la concepción sostenida por tal Tribunal Superior (TSJ, Sala Penal, "Etienne", S. n° 103, 17/10/2003; "Rodríguez", S. n° 46, 31/5/2004; "Brunelli", S. n° 143, 16/12/2005; "Melchior", S. n° 2, 10/2/2006, “Pérez” supra cit., entre otros)."
"3.1. La simple lectura de los argumentos vertidos por el Ministerio Público Fiscal (reseñados en el apartado IV, punto 1.3) permite advertir que su conclusión contraria a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba por razones de política criminal de modo alguno carece de fundamentación. Téngase presente que uno de los puntos neurálgicos del dictamen fiscal negativo recae sobre que el caso que nos ocupa esta comprendido en la problemática denominada violencia de género, donde resultó víctima una joven en condición de vulnerabilidad por su discapacidad ... Es por ello que el caso bajo análisis debe ser examinado de manera interseccional, no solo desde el enfoque de género sino también el de discapacidad."
"3.2. Por otra parte, corresponde señalar que si bien el art. 360 bis CPP no resulta aplicable retroactivamente al caso, la queja carece de interés, pues no se avizora como se beneficiaría el imputado. Es que, aun de excluirse la norma en cuestión no se modificaría en absoluto la solución dada en cuanto -conforme hemos expuesto precedentemente dicha regulación concuerda con doctrina inveterada de esta sala que establece que la 'oposición del Ministerio Público, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal' (ver apartado IV, punto 2)."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo votos en disidencia; los tres Vocales votaron en igual sentido.
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