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Cámara de Apelaciones

Espina Leupold, Miguel Carlos c/ Pcia. de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba - Amparo

Amparo presentado por Miguel Carlos Espina Leupold contra la Provincia de Córdoba solicitando declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 en el territorio provincial. La Cámara declaró formalmente inadmisible la acción de amparo, sin costas, por falta de legitimación activa y carencia de un caso concreto susceptible de tutela judicial.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-68081
Amparo Inconstitucionalidad Legitimacion activa Intereses colectivos Halabi Ley 27.610 Inadmisibilidad Provincia de cordoba Tutela judicial Falta de caso concreto

¿Quién es el actor?

Miguel Carlos Espina Leupold (abogado, Matrícula Provincial Nº 7-426).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Córdoba y/o Ministerio de Salud Pública de Córdoba y/o Ministerio de Educación de Córdoba.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 (arts. 1-13, 19-21) en el territorio de la Provincia de Córdoba, por entender que la ley vulnera el derecho a la vida desde la concepción y derechos de grupos vulnerables.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró formalmente inadmisible la acción de amparo entablada por el abogado Miguel Carlos Espina Leupold, sin costas. Protocolícese, hágase saber y archívese.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que, al interponer la demanda, y con el objeto de justificar su legitimación el amparista invocó su condición de abogado y esgrimió la existencia de un '…hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (aborto), conforme la pretensión está concentrada en los efectos comunes al dañar a dos o más personas (niños por nacer), de tal manera, la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, son elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho (los niños que ven impedido el anhelo de nacer vivos)…', citando la conocida doctrina de la causa 'Halabi'. La invocación de 'abogado del foro' del amparista no le confiere la legitimación que pretende ya que esa sola condición de letrado sin ejercer el patrocinio o representación de afectado alguno, no habilita para asumir la defensa judicial de los intereses de la comunidad."

"Que los elementos significativos del caso colectivo requieren la existencia de un conflicto colectivo que amerite su canalización, tramitación y resolución por medio de un único proceso; la concurrencia de un factor de agresión común, en la medida en que la vulneración que se invoca recae sobre bienes colectivos o sobre intereses individuales homogéneos (afectados por una misma situación fáctica o legal); la representación adecuada por parte de quien acciona en defensa del bien colectivo, o del grupo, clase o categoría de sujetos damnificados y los efectos expansivos de la sentencia, de manera de comprender erga omnes a todos aquellos que coparticipan en la titularidad del bien colectivo (indivisible) o, al menos, a todos los miembros de la clase, grupo o categoría (Fallos: 332:111 'Halabi'; 336:1236 'Padec')."

"Que en definitiva, en el marco descripto, el amparista no ha invocado ser titular de un derecho o interés legítimo propio, es decir, de una relación jurídica sustantiva con la Provincia en torno a la cual plantea un litigio o controversia, ni acredita la representación del grupo sobre el que alega se afectan derechos constitucionales. De la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994, no se sigue una automática aptitud para demandar, sin un examen previo de la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción, en atención a que no ha sido objeto de reforma la exigencia de que el Poder Judicial intervenga en el conocimiento y decisión de 'causas' -art. 116 de la Constitución Nacional- (Fallos 337:1447). Al no invocar una situación jurídica diferenciada del resto de la comunidad ni acreditar una representación de quienes invoca como afectados, el amparista es portador de un mero interés que, en el caso concreto, se traduce en una pretensión de declaración de inconstitucionalidad en el sólo interés de la ley, insusceptible de habilitar la jurisdicción."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registra votación en disidencia; la resolución aparece firmada por los vocales que integran la Cámara.

Leyes que cita

  • Ley 27.610Acceso a la interrupcion voluntaria del embarazo

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