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Tribunal Superior

Actuaciones remitidas por la Fiscalía General en autos Zabala, Marta Emilia – Formula presentación

Una ONG (A.So.M.A.) pidió ser admitida como querellante particular en una causa por presunta malversación de fondos del Hotel Casino y Spa Ansenuza. El Tribunal Superior, por mayoría, rechazó el recurso de casación contra la revocatoria de su admisión y mantuvo la decisión que niega su legitimación para actuar como querellante particular.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-68502
Casacion Querellante particular Legitimacion Corrupcion Malversacion de caudales publicos Bienes juridicos colectivos Control de convencionalidad Art. 7 cpp A.so.m.a. Sala penal tsj cordoba

¿Quién es el actor?

Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero en su carácter de presidente y secretaria de la Simple Asociación “Acción Solidaria por una Mejor Argentina” (A.So.M.A.), con patrocinio letrado del Dr. Aurelio García Elorrio.

¿A quién se demanda?

Resoluciones de la Cámara de Acusación y del Ministerio Público Fiscal que revocaron/adherieron al rechazo de la admisión de la asociación como querellante particular; en la práctica, la impugnación se dirige contra el auto interlocutorio n° 498 de la Cámara de Acusación que revocó la admisión.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

se reclama la casación del auto que negó legitimación a A.So.M.A. para constituirse como querellante particular en la investigación por presunta malversación de caudales públicos vinculada a la obra del Hotel Casino y Spa Ansenuza (presuntas irregularidades en contratación y destino de fondos públicos; se alegan faltantes por U$D 44.000.000 y sobreprecios: presupuesto inicial $50.000.000 vs costo final $408.258.186,70).

¿Qué se resolvió?

El Tribunal Superior de Justicia, Sala Penal, resolvió por mayoría rechazar el recurso de casación interpuesto por Quinteros y Montero y, por tanto, mantener la denegatoria de su legitimación como querellantes particulares. Con costas (CPP, 550/551).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En conclusión, se sostiene aquí que el bien jurídico protegido en el conjunto de delitos vinculados con la corrupción pública no es la mera estructura de la administración pública, porque se trata de un bien jurídico colectivo. Este bien colectivo es compatible con un concepto personal del bien jurídico, que se visibiliza reparando en la potencial afectación de los derechos humanos por la corrupción pública (derechos económicos, sociales y culturales)."

"En particular, la malversación protege el correcto manejo del patrimonio público. Y, en el caso concreto, por tratarse de fondos públicos cuyo destino natural era la ayuda social por parte de Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, en caso de incorrección en su manejo se afectan potencialmente los derechos sociales de la ciudadanía más vulnerable y la calidad democrática."

(Voto en minoría, relevante y marcado como disidencia) la magistrada que sustentó la admisión sostuvo que, conforme precedentes de la Sala (“Bonfigli”, entre otros) y obligaciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción, corresponde admitir a asociaciones intermedias cuyo objeto sea la lucha contra la corrupción para proteger bienes colectivos y coadyuvar en la investigación; sin embargo, esa postura quedó en minoría.

Notas procedimentales relevantes: el Tribunal analizó impugnabilidad objetiva y subjetiva del auto apelado, control de convencionalidad frente a convenios anticorrupción, y la interpretación del art. 7 CPP provincial sobre quién es "ofendido penalmente". Hubo discusión sobre la adecuación de la legitimación de ONG para actuar como querellantes particulares, la vigencia/derogación de normativa provincial previa y el alcance del art. 43 CN en relación con el proceso penal. La mayoría concluyó que la inclusión de asociaciones como querellantes requiere previsión legal expresa en la provincia y que la vía procesal utilizada no justifica extender in malam partem la legitimación prevista por el art. 7 CPP.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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