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Cámara de Apelaciones

VIVAS Daniel Alberto c/ DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El actor demandó por nulidad de actos administrativos y reincorporación tras la exoneración dictada por la Dirección Provincial de Energía. La Cámara rechazó la apelación de la DPE y confirmó la sentencia de grado que declaró la nulidad de la Resolución DPE Nº 549/2017 y ordenó la reincorporación por vulneración del debido proceso y derecho de defensa.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA DE APELACIONES SALA CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO - DISTRITO JUDICIAL SUR (USHUAIA) (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
CAMARA DE APELACIONES SALA CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO - DISTRITO JUDICIAL SUR (USHUAIA) (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
478/20
Reincorporacion Nulidad administrativa Sumario administrativo Debido proceso Derecho de defensa Estabilidad en el empleo publico Dpe Costas Honorarios Confirmacion de sentencia

¿Quién es el actor?

Daniel Alberto Vivas.

¿A quién se demanda?

Dirección Provincial de Energía (DPE).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de actos administrativos (Res. D.P.E. Nº 147/17 y Res. D.P.E. Nº 549/17) y la reincorporación del actor a su puesto de trabajo tras la exoneración.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la DPE y se confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de la Resolución DPE Nº 549/2017 y condenó a la demandada a reincorporar al actor; se impusieron las costas a la vencida y se regularon honorarios (25% a la defensa de la DPE y 30% al letrado de la actora, sobre lo regulado en primera instancia).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De esa forma, con sustento en la jurisprudencia de la Corte Federal determinó que siendo la DPE un ente autárquico estatal de derecho público, resultaban aplicables al actor las previsiones del art. 16 inc. 12 de la Constitución Provincial por ser empleado público y en razón de ello, gozaba de estabilidad en su cargo (art. 14 C.N). En consecuencia, no podría ser despedido injustificadamente, aun cuando la relación laboral se encuentre enmarcada en convenios colectivos que remitan a la LCT.

Así entonces, advirtió que el organismo demandado no cumplió el procedimiento que corresponde llevar a cabo para la aplicación de una sanción disciplinaria en la faz pública, puesto que de la prueba aportada no surge que se haya tramitado el sumario administrativo que legitimó la exoneración del agente.

Desde esa óptica, consideró que fue violentado el debido proceso legal en virtud de que no se le garantizó al dependiente una adecuada investigación de los hechos y el pleno ejercicio de su derecho de defensa, con la debida oportunidad de ofrecer pruebas frente a las irregularidades que se le reprocharon."

"En virtud de ello, también enfatizó en el trato desigual otorgado al accionante, pues en función del expediente antes mencionado, tuvo por acreditado que el organismo garantizó el debido proceso adjetivo a otros agentes en idéntica situación a la aquí planteada."

"En virtud de las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 621/626) y, en su mérito, confirmar la sentencia de grado en todas sus partes con costas a la vencida (art. 58 CCA)."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (Dr. Alejandro S. M. Fernández propuso y fundamentó; Dr. Daniel A. Sacks y Dr. Aníbal G. Acosta adhirieron votando en los mismos términos). No hubo disidencias.

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