GIORGENTE, Graciela Noemi c/ GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO s/ Contencioso Administrativo” (Expte. Nº10746/2018)
La actora promovió acción contencioso administrativa contra el Gobierno de la Provincia por nulidad de actos y reintegro tras sanción disciplinaria. La Cámara rechazó el recurso de la Provincia y confirmó la sentencia de grado que declaró la nulidad de los decretos impugnados y ordenó la reincorporación por violación del non bis in idem y de las garantías del debido procedimiento.
¿Quién es el actor?
Graciela Noemí Giorgente (actora).
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de actos administrativos (Decretos y resoluciones) que agravan una sanción laboral; declaración de violación al principio non bis in idem y vulneración del derecho de defensa; orden de reincorporación a su puesto de trabajo.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de los Decretos Nº 1334/18 y Nº 2071/18 (y en ese marco ordenó la reincorporación de la actora). Se impusieron costas a la recurrente y se regularon honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por lo tanto, entendió que la Administración había incurrido en una violación al principio constitucional non bis in ídem. Así, sostuvo que la garantía constitucional contra el doble juzgamiento se activa frente al riesgo de que se dicte una segunda condena o sanción respecto de quien ya fue sometido a proceso o sumario por el mismo hecho y sin que esa duplicación de riesgo desaparezca tan sólo porque la autoridad considere que la primera condena o sanción fue nula."
"De lo expuesto surge claro que en el caso la Administración decidió no aplicar la regla de la prohibición de la reformatio in peius al procedimiento administrativo llevado adelante a fin de tratar la impugnación del acto administrativo sancionador aplicado y ejecutoriado a la actora."
"Frente a las delicadas aristas del caso bajo estudio, por tratarse de la aplicación de la potestad revocatoria de oficio dentro de un proceso sancionador, considero que debieron extremarse los recaudos a fin de garantizar el debido procedimiento legal, con entero y claro conocimiento del agente -a través de audiencia previa- del por qué se entendía ilegítimo el actuar de la administración desplegado mediante la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social Nº 861/17..."
Además, el acuerdo registra la propuesta y adhesión mayoritaria: el vocal preopinante propuso "rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios", propuesta que fue compartida por los otros dos vocales. No existen votos en disidencia.
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