Gay Baridon, Alejandro c/ Municipalidad de Córdoba y otro - Amparo ambiental, expediente n.° 8439616
Amparo ambiental promovido contra la Municipalidad de Córdoba por la posible afectación del emprendimiento Punto W. El Tribunal Superior rechazó el recurso de apelación del abogado que impugnó la regulación de sus honorarios y confirmó el Auto n.º 177/2022, considerando que el amparo carece de contenido económico propio y que la regulación fue adecuada; sin costas ni honorarios conforme al art. 112 del CA.
¿Quién es el actor?
Alejandro Gay Baridon.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Córdoba (y otros), con intervención de la empresa Exchequer S.A.S. como tercero interesado.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
acción de amparo ambiental para impedir, paralizar o readecuar el emprendimiento inmobiliario "Punto W" y proteger el ambiente y el patrimonio cultural del Barrio Villa Warcalde; pedido de medidas cautelares y recomposición de daños.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por el letrado Alexis Leónidas Spiropulos contra el Auto n.º 177/23/6/2022 dictado por la Cámara Contencioso-Administrativa de 1.ª Nominación, que había regulado sus honorarios (60 jus por primera instancia y 8 jus por apelación). No se imponen costas ni honorarios (art. 112 del CA).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En ese marco, y tal como lo hizo el tribunal de instancia anterior, la regulación debía hacerse conforme con 'la significación de la lesión restrictiva' (art. 93, CA), lesión que -en el caso- se vinculaba con la afectación al ambiente en el barrio Villa Warcalde."
"De lo anterior, se desprende que, precisamente, cuando se deduce una pretensión ambiental y ella es formalmente admitida, automáticamente, entra en juego la urgencia de que se escrute si se han observado 'los principios de congruencia (con la CN y con la Ley General del Ambiente n.° 25675), de prevención, precautorio, de progresividad y de subsidiariedad (que compromete especialmente a los municipios y comunas con la CN, con la CP, con la LGA y con la Ley n.° 10208)'."
"Como consecuencia, de toda la fundamentación desarrollada emergen dos claras razones que vuelven al planteo recursivo absolutamente incompatible con el orden público ambiental vigente en la Argentina. El primero es que, si se accediera a dicho requerimiento (de que los honorarios se regularan en función del valor económico del inmueble en cuestión, en el marco de la acción de amparo ambiental tramitada), esto se transformaría en un letal factor de disuasión de aquello que, por el contrario, la CP y la Ley n.º 10208, con suma generosidad normativa, promueven: que cualquier persona accione en nombre de un interés difuso y/o derechos colectivos..."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registran votos en disidencia en la parte dispositiva; la decisión es la que consta en la PARTE RESOLUTIVA FINAL.
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