BITRAN, Dionisia Alejandra c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo
La actora promovió acción contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego cuestionando la aplicación de nuevas reglas de movilidad jubilatoria y solicitando recálculo del haber. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la demanda y confirmó la doctrina del precedente Noto, Oscar Armando, sosteniendo que la modificación legislativa no afectó el status de jubilada ni vulneró principios constitucionales; se impusieron las costas al orden causado.
¿Quién es el actor?
Dionisia Alejandra Bitran (por derecho propio).
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF / ex IPAUSS).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declarar inaplicable el nuevo régimen de movilidad jubilatoria introducido por ley provincial 1210 (art. 5° y 6°) y la ley 1285/Decreto 1508/2018; ordenar la actualización automática y plena del haber conforme al artículo 46 de la ley 561 (texto anterior), discriminar en el recibo los ítems que integran el haber, nulidad del Formulario de Determinación del Haber Inicial N° 548/2017 y pago de diferencias con intereses. Además planteó inconstitucionalidad de normas mencionadas y reserva de caso federal/internacional.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda en todos sus términos; se distribuyeron las costas a orden causado; se ordenó devolución de las actuaciones administrativas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En definitiva, el cambio de un régimen de movilidad por otro por vía legislativa no contraria per se las normas contenidas en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 51 de la Carta Magna local, toda vez que en ellas no se determina un mecanismo o sistema de movilidad que deba adoptarse para la adecuación en el tiempo de las prestaciones otorgadas, debiendo asegurar una proporción razonable entre los haberes de activos y pasivos, constituyendo una atribución y un deber del legislador el fijar su contenido concreto, sin alterar ni desvirtuar, mediante normas reglamentarias, el derecho garantizado, circunstancia que no resulta comprobada en la especie."
"Como se analizara en el precedente referenciado, en este caso concreto, la actora tampoco ha demostrado que la aplicación del sistema de movilidad que pretende desplazar le hubiere provocado un desequilibrio irrazonable en la proporción que debe existir entre las situaciones de actividad y pasividad, que permita sostener la existencia de confiscatoriedad o manifiesta iniquidad y la contradicción del precepto con las normas contenidas en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y los principios constitucionales locales en materia de previsión social establecidos por el artículo 51 de nuestra Carta Magna."
¿Cómo votaron los jueces?
El juez preopinante Javier Darío Muchnik votó por el rechazo total; los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Ernesto Adrián Löffler adhirieron. Decisión por unanimidad del Tribunal.
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