BAHAMONDEZ , Ismael Amado Ciro c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo
Los actores promovieron demandas contencioso administrativas contra la Caja de Previsión Social de la Provincia reclamando la inaplicabilidad del nuevo régimen de movilidad (ley 1210 y ley 1285) y la recalculación automática de sus haberes previsionales. El Superior Tribunal de Justicia rechazó las demandas y confirmó la doctrina del precedente Noto, sosteniendo que el cambio legislativo de movilidad no altera el status de jubilado ni resulta inconstitucional sin prueba de perjuicio concreto o confiscatoriedad.
¿Quién es el actor?
Ismael Amado Ciro Bahamondez; Elda Nidya Becerra; Raúl Oscar Pérez; Liliana Graciela Licciardi; María Delia Serravalle; Ricardo Pimentel.
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declarar inaplicable el régimen de movilidad jubilatoria introducido por el artículo 6° de la ley 1210 (que modificó el artículo 46 de la ley 561) y otras normas (ley 1285, decreto 1508/2018); que se ajusten automáticamente sus haberes conforme a la movilidad del sector activo; detallar ítems salariales en recibos; pago de diferencias con intereses; y se planteó inconstitucionalidad de las normas citadas.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron en su totalidad las demandas interpuestas contra la CPSPTF; se distribuyeron las costas en el orden causado; se ordenó registrar, notificar y devolver las actuaciones administrativas. Votación unánime (Muchnik, Battaini, Sagastume y Löffler).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Texto transcrito (párrafos relevantes del fallo):
"En el precedente citado, al analizar la aplicación del artículo 6° de la ley 1210 -publicada en el Boletín Oficial del 23 de enero de 2018- que sustituyó el artículo 46 de la ley 561 y la reglamentación instrumentada por el decreto N° 1508/2018, se señaló que los haberes serían actualizados de acuerdo a la variación salarial que hayan sufrido las categorías de los escalafones a los cuales el beneficiario hubiera pertenecido en el período computado para la determinación del haber inicial, utilizándose a tal efecto el Coeficiente de Actualización Salarial determinado conforme el procedimiento allí establecido. Y se dijo que la norma cuestionada rigió hasta la vigencia de la ley 1285 -publicada en el Boletín Oficial del 30 de septiembre de 2019- que modificó nuevamente el artículo 46 de la ley 561 y estableció la aplicación de la movilidad en forma automática, al mes inmediato posterior a la aplicación de la variación salarial que el trabajador perciba en actividad."
"En definitiva, el cambio de un régimen de movilidad por otro por vía legislativa no contraría per se las normas contenidas en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 51 de la Carta Magna local, toda vez que en ellas no se determina un mecanismo o sistema de movilidad que deba adoptarse para la adecuación en el tiempo de las prestaciones otorgadas, debiendo asegurar una proporción razonable entre los haberes de activos y pasivos, constituyendo una atribución y un deber del legislador el fijar su contenido concreto, sin alterar ni desvirtuar, mediante normas reglamentarias, el derecho garantizado, circunstancia que no resulta comprobada en la especie."
"Como se analizara en el precedente referenciado, en este caso concreto, los actores tampoco han demostrado que la aplicación del sistema de movilidad que pretenden desplazar les hubiere provocado un desequilibrio irrazonable en la proporción que debe existir entre las situaciones de actividad y pasividad, que permita sostener la existencia de confiscatoriedad o manifiesta iniquidad y la contradicción del precepto con las normas contenidas en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y los principios constitucionales locales en materia de previsión social establecidos por el artículo 51 de nuestra Carta Magna."
Citas textuales clave: las transcripciones anteriores que sostienen que la modificación legislativa no altera el status de jubilado, que la declaración de inconstitucionalidad exige perjuicio acreditado, y que corresponde al legislador fijar el sistema de movilidad.
¿Cómo votaron los jueces?
El juez preopinante Javier Darío Muchnik votó por el rechazo total; los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Ernesto Adrián Löffler adhirieron en iguales términos.
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