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Primera Instancia

E., Mariano Alberto c/ F., Gladys Patricia - Abreviado - Daños y Perjuicios - Otras Formas de Responsabilidad Extracontractual - Tram. Oral

Demanda por daños y perjuicios por supuesta injuria derivada de un requerimiento disciplinario en un IPET. El Juzgado rechazó la demanda y condenó al actor al pago de las costas, porque la requisitoria fue un trámite administrativo legítimo ordenado por la superioridad y no constituyó acto antijurídico ni imputable personalmente a la directora.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-91172
Dano moral Injuria Poder disciplinario Legitimacion pasiva Responsabilidad del estado Falta de servicio Requisitoria administrativa Ipet Costas Acto administrativo

¿Quién es el actor?

Sr. Mariano Alberto E., docente.

¿A quién se demanda?

Sra. Gladys Patricia F., Directora del IPET N° ... (Estado provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo de daños y perjuicios por daño moral y gastos (honorarios extrajudiciales y de mediación, envío de carta documento), y solicitud de retractación, publicación y comunicaciones formales, por la cédula de notificación que lo emplazó a producir descargo por la supuesta sustracción y realización de copias de llave del taller.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda interpuesta por el Sr. Mariano Alberto E. contra la Sra. Gladys Patricia F. e impuso las costas a la parte actora. El tribunal sostuvo que la requisitoria fue un trámite administrativo previo al eventual ejercicio del poder disciplinario, realizado dentro de las competencias y a requerimiento de la superior jerárquica, con sustento objetivo (actas y testimonio del encargado del tablero de llaves), por lo que cualquier menoscabo al honor, en su caso, sería atribuible al Estado y no a la directora en forma personal, al no acreditarse dolo o culpa grave separable del servicio.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"4. En el caso, lo primero que debe tenerse en consideración es que mediante el acto aquí cuestionado no se impuso una sanción al actor, sino que -en realidad- en virtud de un proceso administrativo se lo emplazó para que 'produzca descargo, aporte prueba y justifique motivo' con relación a la sustracción y realización de copia de llave de taller de tornería sin autorización. Esto es importante, porque si bien en la requisitoria se afirman hechos (por un lado, sustracción y realización de copia de llave sin autorización y, por el otro, que ello fue expresado por el agente R.) lo cierto y concreto es que ello sólo tenía como objetivo que el requerido ejerza su derecho de defensa como paso previo a una hipotética acción disciplinaria, que en el caso nunca ocurrió." "A partir de todos los elementos expuestos se llega a la conclusión de que no sólo que la demandada actuó dentro del ámbito de su competencia, ya que era la máxima autoridad del colegio, sino que, en base a elementos objetivos y a requerimiento de su superior, puso en marcha el procedimiento administrativo que el caso ameritaba a fin de deslindar responsabilidades. Por vía de consecuencia, como el 'requerimiento de explicaciones' es el paso previo a los fines de ejercer el poder disciplinario, al haber actuado la directora en el ejercicio regular de sus competencias legales, de ello se sigue que, si tal acto administrativo provocó algún daño al actor, la responsabilidad es -en todo caso- exclusiva del Estado. Dicho de otro modo, como la Directora accionada no obró con dolo o culpa grave, excediendo manifiestamente los límites de su competencia, cualquier menoscabo al honor que pueda predicarse de la actuación administrativa de la institución a su cargo no es suficiente para que responda personalmente, desde que -en definitiva- actuó en representación del Estado." "La falta de legitimación pasiva de la demandada es manifiesta y, por tanto, debe ser declarada en el caso."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en la sentencia.

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