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Tribunal Superior

LÓPEZ, Carlos Alberto c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo

El actor promovió acción contencioso-administrativa y pidió la suspensión de ejecución de las disposiciones de Presidencia 105/20 y 398/20 y del decreto PEP 1093/21 que declararon la incompatibilidad con su haber jubilatorio. El Superior Tribunal de Justicia negó la medida cautelar por inexistir verosimilitud del derecho y peligro en la demora y, asimismo, declaró la admisibilidad formal de la demanda y ordenó correr traslado al presidente de la Caja.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
4308/21
Contencioso administrativo Medida cautelar Incompatibilidad Jubilacion Lfm sapem Caja de prevision social Admisibilidad Tramite sumario Peligro en la demora Costas diferidas.

¿Quién es el actor?

Carlos Alberto López.

¿A quién se demanda?

Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se controviertenn las disposiciones de Presidencia 105/20 y 398/20 y el decreto PEP 1093/21 que declararon la incompatibilidad entre la percepción del haber jubilatorio concedido por disposición IPAUSS 736/18 y el desempeño en el Laboratorio del Fin del Mundo SAPEM; además se impugna la liquidación de deuda por $5.276.580,16 y se solicita medida cautelar de suspensión de ejecución de dichos actos.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la medida cautelar solicitada; se difirió la imposición de costas; se declaró admisible formalmente la demanda y se corrió traslado al presidente de la Caja por 15 días para contestar conforme al trámite sumario, librándose oficio a la Fiscalía de Estado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"(...) la crítica jurídica que cimenta el pedido cautelar hace foco en la interpretación de las reglas de incompatiblidad que realiza el organismo demandado.

La hermenéutica y aplicación de los artículos 62 y 64 de la ley 561 requieren indagar en aspectos dirimentes tales como: la naturaleza jurídica de la vinculación del actor con el LFM SAPEM, los alcances de las cláusulas estatutarias relativas a las remuneraciones de los directores, los efectos del acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 del 4 de mayo de 2018 y del acta Directorio N° 36 del 1° de octubre de 2019 -que aún no obran incorporadas al proceso, la incidencia del artículo 2° de la ley 1070 en el funcionamiento del LFM SAPEM creado por la ley 1136, las consecuencias del alta jubilatoria del accionante sin exigir la acreditación de su desvinculación con la sociedad, si median circunstancias que influyen en la razonabilidad del cargo por incompatibilidad impuesto, entre otros.

Dicho análisis desborda el conocimiento propio de esta etapa del proceso y por ello no lucen manifiestamente ilegítimos los actos atacados, ni resulta a primera vista verosímil el derecho esgrimido en la demanda."

"Si bien la ausencia del requisito comentado es suficiente para decidir en el caso, cabe apuntar que tampoco se configura el daño grave o de difícil o imposible reparación posterior, pues en su responde la demandada consigna que el actor puede suscribir un acuerdo de pago y que se requieren actuaciones judiciales tendientes al cobro '...por lo que no se torna operativo el artículo 42 inciso d) de la ley 561, que habilita el descuento del 20 % de sus haberes previsionales, sino que una vez arribada a la sentencia se podrá afectar el patrimonio del actor (ID 227900 página 5, tercer párrafo).'"

"En definitiva, las consecuencias del no otorgamiento de la cautela no se exhiben, en principio, con efectos perjudiciales inmediatos para el accionante o que puedan aplicarse antes del dictado de la sentencia, más aún si se considera la opción por el trámite sumario que se formalizó en el escrito de inicio.

No se aprecia, entonces, peligro en la demora que afecte el carácter alimentario del emolumento jubilatorio, ni se han acreditado razones particulares que satisfagan el criterio de excepcionalidad y mesura requerido para acceder a la suspensión de ejecución de efectos de los actos administrativos cuya invalidez se procura.

En definitiva, en este estadio procesal incipiente no se corroboran cumplidos los presupuestos necesarios para conceder la medida cautelar solicitada."

Disposición resolutiva final (extracto):

"1º.- NO HACER LUGAR a la medida cautelar planteada por el actor a fs. 11/27 vta (ID 223270) y DIFERIR la imposición de costas de la incidencia de acuerdo con lo señalado en el considerando 3.

2º. DECLARAR la admisibilidad formal de la demanda deducida por Carlos Alberto López contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego.

3º.- CORRER traslado de la demanda al presidente del organismo demandado por el plazo de quince (15) días, para que comparezca y la conteste conforme las reglas del proceso sumario... 4º.- MANDAR se registre, notifique y cumpla."

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