Gorenstein, Marcelo Ricardo c/ Municipalidad de la ciudad de La Falda - Amparo Ley 8803
Amparo por mora para obtener documentación sobre la concesión del servicio cloacal. La Cámara hizo lugar al amparo y ordenó a la Municipalidad de La Falda que, en 10 días hábiles administrativos desde que quede firme la resolución, entregue la información solicitada, impuso las costas a la Municipalidad y reguló honorarios a la abogada del actor.
¿Quién es el actor?
Marcelo Ricardo Gorenstein (DNI 14.121.822).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de la ciudad de La Falda.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo por mora (Ley 8803) para obtener copia del contrato de concesión del servicio de desagües cloacales (o instrumento que lo reemplace), sus anexos, la ordenanza que autorizó la concesión, el decreto de promulgación y planos/nómina de domicilios vinculados al servicio.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la acción de amparo por mora en los términos de la Ley 8803 y se libró mandamiento de pronto despacho para que, en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos computados desde que quede firme la resolución, el Intendente o autoridad competente suministre al actor la información requerida; se impusieron las costas a la Municipalidad; se regularon honorarios definitivos a favor de la Dra. María Laura Brondo y se fijó un plazo de cuatro meses para su pago espontáneo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El derecho al acceso a la información pública y, como contracara, el deber de los Estados en todos sus órdenes (Nacionales, Provinciales y Municipales), de proveerla -admitiendo fundadas excepciones- es un derecho y deber que tiene sus raíces en fuentes convencionales de Derechos Humanos, reconocimiento constitucional expreso y que además se vincula a la transparencia y a alternativas de participación públicas, ambos consustanciales a un sistema de gobierno republicano y al ejercicio de la democracia."
"La sola lectura del artículo transcripto permite desechar la defensa de la Municipalidad demandada. Es que la petición de Marcelo Ricardo Gorestein no se enmarca en lo que en esencia desencadena un procedimiento administrativo, no implica un reclamo que conllevaría a un trámite administrativo y/o el dictado de un acto administrativo -ámbito de aplicación de la Ordenanza de Procedimiento Administrativo-. Conforme lo desarrollado en los apartados anteriores, la petición del actor se vincula al ejercicio de un derecho de raigambre constitucional y convencional: el de obtener información pública. El plazo que el apoderado municipal pretende hacer valer para sustentar que la demanda entablada sería prematura, es el previsto para 'decisiones definitivas sobre peticiones en general de interesados: CIENTO VEINTE (120) días' (art. inc. g, Ordenanza Nro. 1149). Pero dicha norma debe armonizarse con la Ordenanza en su conjunto y en particular, con el ámbito de aplicación que en concreto refiere a la reglamentación de la actividad administrativa en sí misma."
"De lo que se sigue que, al reglamentar un derecho de neto contenido constitucional, si el Municipio pretendiera hacer valer un plazo de 120 días hábiles administrativo (previsto en la Ordenanza de Procedimiento Administrativo), para 'garantizar' aquel derecho incurriría en una desnaturalización del fin perseguido -publicidad de los actos de gobierno, participación ciudadana, entre otros-. En el contexto de armonización constitucional del ejercicio de la autonomía municipal y en observancia del principio de no regresión y garantía de igualdad, es razonable asignar a la Ley 8803 naturaleza de norma de presupuestos mínimos. Consecuentemente, los Municipios no pueden dictar normas que impongan más obstáculos y condiciones más gravosas a las contempladas en aquella Ley..."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo disidencia; la resolución fue por unanimidad.
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Leyes que cita
- Ley 8.803 de CórdobaLey de acceso al conocimiento de los actos del estado.
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