Schaffer, Sebastián Emanuel c/ La Caja de Seguros S.A. y otro - Abreviado - Cumplimiento/Resolución de Contrato - Tram.Oral
Reclamo de cumplimiento de póliza por destrucción total del vehículo y cobro de primas; la Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó el recurso de La Caja de Seguros S.A. y confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley 26.994, ordenó la cobertura por daño total con actualización de la suma asegurada y condenó a la aseguradora al pago de primas indebidamente cobradas.
¿Quién es el actor?
Sebastián Emanuel Schaffer.
¿A quién se demanda?
La Caja de Seguros S.A. (y codemandada Plan Ovalo S.A.).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cumplimiento / resolución de contrato de seguro por destrucción total del vehículo (Ford Fiesta dominio AD822EU), pago de indemnización actualizada por daño total, desinterés previo al acreedor prendario Plan Ovalo y devolución de primas abonadas sin causa desde el 26/3/2020; rechazo de daño moral y punitivo.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por La Caja de Seguros S.A. y, en consecuencia, se confirmó en todos sus términos la Sentencia n.º 134 del 20/8/2024 y sus decretos aclaratorios de 23/8/2024 y 3/9/2024; se impusieron las costas del recurso a la recurrente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La apelante impugna la decisión de la magistrada que rechazó la excepción de prescripción interpuesta, basándose en la aplicación del plazo de cinco años prescripto en el art. 2560 CCyCN. Para ello, la jueza declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 26.994, con el fin de aplicar dicho plazo quinquenal. Por lo que sostuvo que desde el momento del hecho (25/5/2020), hasta la interposición de la demanda (13/3/2023), no había transcurrido el plazo de cinco años. La aseguradora recurrente se agravia de esta decisión y sostiene que rige el plazo de un (1) año del art. 58 de la ley de seguros, por lo que al momento de la interposición de la demanda, incluso en la instancia de mediación (27/7/2022), la acción ya se encontraba prescripta. Al respecto, la Sra. Fiscal de Cámaras realizó un exhaustivo análisis de la cuestión, y concluyó que el plazo de prescripción aplicable en los reclamos por daños derivados de incumplimiento contractual como el de autos-, resulta ser el previsto en el art. 2560 CCCN, es decir, el plazo genérico de 5 años. Esta postura se encuentra en sintonía con la adoptada por la Procuración General de la Nación, que sostuvo que, en casos de concurrencia de normas-en este caso, vinculadas con la prescripción-, el artículo 1094 del CCyCN establece un criterio de prelación que obliga a privilegiar la norma más favorable al consumidor. Esta interpretación es coherente con el principio protectorio consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional (Procuración General de la Nación, dictamen del 13/12/2021 en autos C.S.J. 471/2021/RH1, "Olivera, Ariadna Nerina c/ Triunfo Seguros s/ recurso extraordinario federal")."
"Del contenido de la póliza de seguros contratada incorporada a los presentes (operación del 24/02/2023), identificada bajo el n° 5030-0165758-06, surge que la demandada se obligó a brindar cobertura al vehículo de propiedad del actor por destrucción total a un valor de referencia, la que al momento de confección del contrato, era de $ 642.600. Queda fuera de discusión que ello fue oportunamente convenida entre las partes y que para resolver esta parte del recurso, corresponde identificar su naturaleza. Y en este sentido, se comparte lo sostenido por la jueza interviniente por cuanto pese a la existencia de una cláusula contractual limitativa del monto de cobertura, en el caso de autos la compañía aseguradora debe responder por el valor que tenga el vehículo siniestrado al momento del pago, según la misma antigüedad. Este tribunal ya se ha pronunciado al respecto ("Montaño, Eduardo Marcelo C/ Allianz Argentina Cia. De Seguros Sa", Expte. 11957991, Sentencia N° 110 del 25/7/2024) asignándole a este tipo de obligaciones contractuales asumidas por el asegurador el carácter de deuda de valor. ... Por eso la compañía aseguradora debe responder por un valor actualizado del rodado del actor según antigüedad que tenía al tiempo del siniestro, siendo acorde a derecho ordenar que se repare el daño ocasionado a un valor real y actual, para brindarle al accionante una indemnización acorde con su derecho."
"En cuanto a la tasa de interés aplicable, es necesario destacar que, los tribunales de mérito no se encuentran obligados a seguir la doctrina judicial del Máximo Tribunal local, sino que cuentan con la potestad, en el ejercicio de su jurisdicción, de decidir el caso concreto conforme lo que entienda ajustado a derecho, cumplimentando el mandato constitucional y legal, de resolver las causas con fundamentación lógica y legal y razonable (arts. 155 de la Constitución de Córdoba, 326 del CPCC y 3 del CCyCN). Máxime, estando ante materia de intereses moratorios, se impone el carácter de provisorio de la determinación de los accesorios, en virtud de la razonabilidad y coherencia que debe mediar entre ellos y la realidad económica del momento; conforme ha señalado la Corte Suprema de la Nación (cfr. CSJN, Fallos: 316:3054, en "Sequeiros"). Si bien este tribunal ha adoptado como último criterio la aplicación de la Tasa Pasiva más un 1% mensual, atendiendo al contexto económico actual, efectuados los cálculos aritméticos surge que la aplicación de dicha tasa - que es incluso más baja que la pretendida por el apelante, el que solicitó Tasa más 3% mensual - resultaría más perjudicial para la apelante que la tasa ordenada por la magistrada (IPC + 6% anual). Por lo que, de dichos cálculos se desprende que, al contrario de lo sostenido por la apelante, los intereses no lucen excesivos e injustificados, ponderando el contexto económico. Por lo tanto, la aplicación de una tasa de interés distinta a la ordenada en primera instancia, implicaría incurrir en una violación del principio que determina la prohibición de reforma extremos que no fueron objeto de apelación, contemplado en el art. 356 del CPCC, lo que ocasionaría un perjuicio a la apelante."
¿Cómo votaron los jueces?
no hubo voto en disidencia; el Dr. Joaquín Ferrer adhirió al voto del preopinante y la decisión fue adoptada por mayoría.
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Leyes que cita
- Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
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