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Tribunal Superior

Sotelo Gladys Antonia c/ Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros - Ordinario - Art. 212 LCT-Recurso de Casación

La actora demandó a la Obra Social Conducores de Transporte Colectivo de Pasajeros reclamando la indemnización prevista en el art. 212, 4° párrafo, LCT por incapacidad. El Tribunal Superior admitió el recurso de casación de la demandada, anuló el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la demanda por no acreditarse incapacidad absoluta y definitiva; condenó en costas a la actora, con excepción de las generadas por el reclamo del art. 212.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-88104
Casacion Art. 212 lct Incapacidad absoluta y definitiva Prueba pericial Dictamen previsional Sana critica Costas Calculo de incapacidad Decreto 478/1998 Sala laboral tsj

¿Quién es el actor?

Sotelo, Gladys Antonia (actora).

¿A quién se demanda?

Obra Social Conductor(es) de Transporte Colectivo de Pasajeros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo de indemnización por incapacidad conforme art. 212, 4° párrafo, LCT (extinción del vínculo por incapacidad absoluta y definitiva).

¿Qué se resolvió?

Se admitió el recurso de casación interpuesto por la demandada y se anuló el pronunciamiento de la Cámara de grado; en consecuencia se rechazó la demanda en cuanto pretende el pago de la indemnización prevista por el art. 212, 4° párrafo, LCT. Se impusieron las costas a la actora, salvo las generadas por el reclamo de que se trata, que se distribuirán por su orden. Se ordenó regular honorarios del abogado de la actora por la Sala a quo en un 32% según la escala media del art. 36, ley 9459, considerando art. 27 ib.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La lectura del pronunciamiento revela que la conclusión del Juzgador no es derivación razonada de la prueba incorporada en la causa. El Sentenciante prescindió de valorar adecuadamente la pericial médica oficial, lo que resultaba imprescindible para posibilitar una contraposición genuina de los dictámenes existentes. Por una parte, evitó considerar el impacto de la impugnación que había efectuado la demandada, pese a conocer la corrección de la falencia atribuida. De igual modo, realizó un análisis sesgado del resultado al que arribó la profesional sorteada, al estimar que había omitido detectar ciertas enfermedades. Así, procedió a completar el informe mediante la anexión de afecciones consignadas por otros médicos en fechas diversas. Es decir, propuso una interpretación ajena a los términos en que la profesional emitió su conclusión. Por otra parte, en la elección del dictamen administrativo soslayó que había sido emitido para el otorgamiento del “beneficio del retiro transitorio por invalidez” (fs. 25 de la S 449/2024), es decir no se trató de la obtención definitiva de la prestación jubilatoria. Este extremo resultaba relevante pues, tal como señaló la a quo, el reclamo por el art. 212, 4° párrafo LCT requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, que la incapacidad psicofísica sea absoluta y definitiva, extremo que debe ser probado por quien acciona."

"Ahora bien, a los fines de analizar correctamente la prueba de que se trata, es menester corregir el error cometido por la galena oficial, quien para la determinación del porcentaje de incapacidad no aplicó el método previsto en el decreto 478/1998 de la ley 24.241. Para su pertinente configuración, en primer lugar, debe tenerse en cuenta la operatoria seguida en la emergencia, conforme la cual corresponde mensurar el 25% por la patología hipertensión arterial G-II (25% de 100%: 75% capacidad restante), hepatopatía autoinmune 6% (6% de 75%: 4,5%, capacidad restante 70,5%); discopatía cervical con limitación funcional 5% (5% de 70,5%: 3,52%, capacidad restante 66,98%); discopatía lumbar con limitación funcional 5% (5% de 66,98%: 3,34%, capacidad restante 63,64%); coxoartrosis con limitación funcional 5% (5% de 63,64: 3,18%, capacidad residual 60,46%); monorrena -litiasis renal en riñón único 15% (15% de 60,46%: 9,06, capacidad restante 51,4%); luego por RVAN tipo II asignado por el perito psiquiátrico oficial (fs. 126) del 10% (10% de 51,4%: 5,14, capacidad restante 46,26%). Luego, sumando las incapacidades detectadas (25%+4,5%+3,52%+3,34%+ 3,18%+ 9,06%+ 5,14%) arroja un 53,74%, que con los factores complementarios del 12,5% fijados por el experto en función de un 6,71% del total, arroja la suma de incapacidad del 60,45%."

"Corresponde por tanto anular el pronunciamiento en este aspecto (art. 105, CPT) y entrando al fondo del asunto rechazar la demanda en cuanto pretende el cobro de la indemnización del art. 212, 4° párrafo, LCT por no verificarse que el vínculo se hubiera extinguido por incapacidad absoluta. Las costas del juicio se imponen a la actora vencida con excepción de las generadas por el reclamo del art. 212, 4° párrafo, LCT que serán por el orden causado, atento a que el otorgamiento del beneficio previsional por invalidez, aunque transitorio, pudo inducir a la accionante a considerar que le asistía el derecho a la reparación que solicitó. Igual temperamento conduce a fijar por su orden las costas en esta instancia."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los tres vocales (Angulo, Rubio y Sesín) que adhieren al criterio expuesto por el Dr. Angulo; no hubo disidencia.

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