Dirección General de Rentas de la Provincia c Ing. Brandolini y Asociados SA -Ejecutivo fiscal -EE
La Dirección General de Rentas apeló la declaración de prescripción de anticipos correspondientes al período fiscal 2013 en una ejecución fiscal contra Ing. Brandolini y Asociados S.A. La Cámara rechazó la apelación y confirmó la sentencia de primera instancia, por entender que los anticipos son obligaciones individualizadas exigibles desde sus vencimientos y que la solución sobre costas por el orden causado estuvo fundada en la complejidad normativa.
¿Quién es el actor?
Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba (parte actora, apelante).
¿A quién se demanda?
Ing. Brandolini y Asociados S.A. (ejecutada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal para hacer efectivo pago de suma reclamada ($2.735.776,00 más intereses) por anticipos y demás cargos correspondientes al período fiscal 2013; la ejecutada había opuesto excepción de prescripción respecto de los anticipos 2 a 11 y rechazo de la inhabilidad de título.
¿Qué se resolvió?
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de grado en todos sus términos; además impuso las costas de segunda instancia por el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La existencia de un recargo derivado de la mora o de la falta de cumplimiento de la obligación en el tiempo establecido para ello requiere, por razones jurídico-conceptuales, que la obligación no abonada sea exigible: de no ser exigible la obligación no habría retardo ni mora y, de no existir retardo ni mora, no habría recargo alguno. Por su lado, la exigibilidad del cumplimiento de la obligación (que, como señalé, es necesaria para que se produzca un recargo por su falta de cumplimiento en tiempo) da inicio al curso de la prescripción conforme surge del principio general imperante en la materia, que se encuentra consagrado en el actual art. 2554 del CCC."
"De este modo, conforme una interpretación legal que tiene en cuenta la finalidad, principios y valores subyacentes al ordenamiento (art. 2 CCC), lo razonable (art. 3 CCC) es que el inicio del plazo de prescripción se compute desde que las obligaciones resultaban exigibles, es decir, desde cada uno de los vencimientos que figuran en el propio título, lo que nos lleva a rechazar el agravio y confirmar lo resuelto en primera instancia."
"Como fundamento de su decisión expuso las siguientes razones: a) '…que la ambigua y dudosa redacción del artículo 5 de la Ley Nº 9.024 me lleva a entender que la ejecutada actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido en esta ejecución fiscal administrativa, que pudo llevarla a considerarse con derecho a oponer la excepción de inhabilidad de título en el modo en que lo hizo.' ... 2. De acuerdo a las circunstancias particulares del caso, estimo que la decisión de la a quo de haber distribuido las costas por el orden causado resulta una solución conforme a derecho. Como fue dicho precedentemente, y tal como expuso la jueza de grado en su fundamentación, estamos frente a una cuestión compleja, deficientemente legislada desde el punto de vista de la técnica legislativa y ampliamente discutida en la doctrina y jurisprudencia."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registran votos en disidencia; los tres vocales adhieren al criterio del preopinante y la resolución fue por acuerdo.
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