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Tribunal Superior

Mansilla Liliana Elizabeth c/ Casas Luengo María Laura y otro – Ordinario - Despido. Recurso de casación

Demandada por despido impugnó su condena y pidió nulidad por falta de prueba sobre su calidad de empleadora. El Tribunal Superior hizo lugar a la casación de Graciela del Valle Díaz, anuló el pronunciamiento en su contra y rechazó la demanda con costas por su orden, disponiendo regular honorarios del apoderado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-89400
Despido Casacion Prueba presuncional Presuncion iuris tantum Empleadora Primacia de la realidad Costas Honorarios Lct Sala laboral

¿Quién es el actor?

Liliana Elizabeth Mansilla (actora).

¿A quién se demanda?

María Laura Casas Luengo y Graciela del Valle Díaz (codemandadas).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo laboral por despido; prestaciones indemnizatorias (indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración mes de despido, indemnización art. 2 ley 25.323, diferencias de haberes, SAC, vacaciones, etc.).

¿Qué se resolvió?

Se admitió el recurso de casación interpuesto por la codemandada Graciela del Valle Díaz, se anuló el pronunciamiento en su contra y se rechazó la sentencia dictada en su perjuicio; costas por su orden en ambas instancias; se ordenó que la Sala a quo regule los honorarios de la Dra. María Cristina Capra en un 30% de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36 ley 9459 sobre lo discutido, con aplicación del art. 27 de dicha ley.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"3. La lectura del pronunciamiento revela que la conclusión del a quo, fundada exclusivamente en la prueba presuncional, no tuvo en cuenta la totalidad de los elementos de prueba obrantes en la causa. Máxime si a pesar de la contumacia que destacó omitió diferenciar la situación de quienes fueron aludidas como empleadoras por su calidad de propietaria y regente, respectivamente. Y si bien este análisis es una potestad perteneciente a la soberanía del Tribunal de Mérito, esta Sala se ve compelida a revisar la decisión cuando advierte un ejercicio arbitrario o sesgado de dicha facultad, como acaece en la presente. Es que, surge que de las constancias del subexamen que la codemandada Sra. Graciela del Valle Díaz, no solo no compareció a la audiencia de conciliación ni ofreció prueba, sino que ninguna vinculación la unía a la accionada. Adviértase que la actora afirmó la existencia de una relación laboral con las dos. Sin embargo, del libelo inicial surge que intimó a la Sra. María Laura Casas Luengo en su carácter de empleadora del jardín maternal (fs. 2/4 y 201/203) a los fines de que la registrara y le aclarara su situación laboral y, con posterioridad al intercambio epistolar, tomó conocimiento que la Sra. Graciela del Valle Díaz era la regente. Por ello, el cuatro de agosto del dos mil diecisiete (04/08/2017) formuló denuncia ante el Ministerio de Trabajo dirigida a ambas (fs. 280/282). La audiencia tuvo lugar el veintiuno de agosto del dos mil diecisiete (21/08/2017) y ante la incomparecencia de aquellas, la empleada ratificó la presentación efectuada en sede administrativa y solicitó el archivo de las actuaciones. De la informativa a la Municipalidad de Córdoba (fs. 232/239) se desprende que a la Sra. Casas Luengo -titular de la guardería infantil- se le otorgó certificado de habilitación conforme a lo establecido por la ordenanza 10.287 reglamentada por el decreto 1121/2014. A fs. 139 obra fotocopia de una declaración jurada en la que aparece como directora la Sra. Díaz con firma al pie del documento. Ello resulta consistente con su confesional en la que reconoció que suscribió papeles relacionados al jardín maternal ante diversos organismos, aclarando que fue un proyecto que no se concretó (posición número 7). Además, la testigo Jimena Luna Anglada afirmó que en la documentación que se exigía a la institución figuraba el nombre de la Sra. Díaz, pero que no la conoció personalmente. Mientras que individualizó a la Sra. Casas Luengo como la que daba las instrucciones, asignaba tareas y pagaba el sueldo. Luego, el material probatorio colectado refuta la presunción iuris tantum nacida por la falta de contestación de la demanda, pues refleja que la única responsable del establecimiento que gira bajo el nombre de fantasía “Mil Sonrisas” era la Sra. María Laura Casas Luengo. No medió elemento de prueba alguno que avale la posición de la actora en orden a la existencia de un conjunto de empleadores (art. 26, LCT) conformado por las accionadas. Por el contrario, se demostró que la Sra. Díaz no se desempeñó como tal. Al no surgir ningún tipo de vínculo entre la actora y la codemandada, se debe afirmar que la relación laboral se desenvolvió únicamente a favor de la Sra. Casas Luengo."

"4. Por todo lo expuesto, y de acuerdo a las razones dadas precedentemente corresponde anular el pronunciamiento en este aspecto (art. 105, CPT). Entrando al fondo del asunto y en virtud del principio de primacía de la realidad, corresponde rechazar la demanda incoada en contra de la Sra. Graciela del Valle Díaz, con costas por su orden atento que la accionante pudo sentirse con el derecho a litigar como lo hizo (art. 28, CPT)."

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo disidencia; los tres vocales (Angulo, Rubio y Sesín) coincidieron en admitir la casación y rechazar la demanda respecto de la codemandada Díaz.

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