E., D. E. y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – acción declarativa de inconstitucionalidad
La parte actora promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra las leyes provinciales n.° 10936 y n.° 10941, solicitando su nulidad total. El Tribunal Superior de Justicia declaró formalmente inadmisible la ADI por haberse planteado en términos excesivamente generales y sin acreditar un caso concreto susceptible de activar la competencia originaria del TSJ, e informó de su resolución a la Legislatura.
¿Quién es el actor?
Daniel Enrique Emmerich, otras 15 personas y la ONG Asociación de Amigos Río San Antonio (ADARSA).
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba (Legislatura/Estado provincial, respecto de las leyes impugnadas).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción declarativa de inconstitucionalidad de las Leyes n.° 10936 (Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas Agropecuarias) y n.° 10941 (Autoridad de Cuencas), en su totalidad, por violación de principios ambientales (progresividad, no regresión) y vicios en la participación pública.
¿Qué se resolvió?
Se declaró formalmente inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida en forma íntegra contra las leyes n.° 10936 y n.° 10941. Además, se puso en conocimiento de la Legislatura de Córdoba el contenido de la resolución, en particular el considerando referido a la obligación de participación pública internacionalmente asumida (art. 7, inc. 3, anexo de la Ley n.° 25766/Acuerdo de Escazú).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) "La generalidad de lo peticionado es tal que, directamente, los actores han solicitado al TSJ que declare la inconstitucionalidad íntegra de las dos leyes: la n.° 10936 (Gestión Integrada de Cuencas Agropecuarias) y la n.° 10941 (Autoridad de Cuencas). El requerimiento abarca dos cuerpos normativos completos... En los hechos, lo que se solicita es la abrogación total y completa de ambas leyes."
2) "La ADI no puede ser el subterfugio, por ejemplo, para objetar modificaciones legislativas de forma absoluta, a todo o nada, sin que los denunciantes acrediten cómo ellas impactarían en alguna de las dos dimensiones anteriormente detalladas (personal o colectiva). De lo contrario, si no se exigiera esto, se forzaría al TSJ a que desplegara un control puramente abstracto, de la legislación por la legislación misma."
3) "Corresponde insistir en el punto. La petición genérica de que el TSJ, prácticamente, deje sin efecto —supuestamente por ser nulas— dos leyes completas pone de manifiesto dos cosas... la visión, concepción o perspectiva que ellos pudieran tener sobre cuál sería la mejor forma de proteger al ambiente ... no basta para habilitar una ADI."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registran votos en disidencia en la parte resolutiva final; la decisión fue adoptada por el Tribunal en pleno y la parte resolutiva final es la que prevalece.
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Leyes que cita
- Ley 25.766Inmuebles
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