Recurso Directo en autos: Gobbi, Lucas c/ Viser SA Ejecutivo Cobro de Crédito Laboral (Art. 68 Inc. 1° LPT) - Recurso Directo
Recurso directo contra auto que denegó la apelación en juicio ejecutivo por cobro de crédito laboral. La Cámara hizo lugar al recurso directo, declaró inconstitucional, en el caso concreto, el art. 75 LPT en cuanto impide la apelación y concedió la apelación, con costas por el orden causado.
¿Quién es el actor?
Gobbi, Lucas (ejecutante).
¿A quién se demanda?
Viser S.A. (representada por Carlos Humberto Cazenave; patrocinio Dr. Alberto Federico Misino).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución para cobro de crédito laboral fundada en un acuerdo privado (obligación de pago de $88.040,12 y saldo U$S 40.000 en 60 cuotas: U$S 500 las primeras 10 cuotas y U$S 700 las 50 restantes, desde 1/8/2020). En la ejecución la demandada opuso excepción de prescripción parcial de las primeras 25 cuotas y se discutió la apelabilidad de la sentencia ejecutiva conforme art. 75 LPT.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso directo interpuesto por la demandada, se declaró mal denegado el recurso y se dispuso la concesión de la apelación interpuesta. Se emplazó a la ejecutante para que en cinco días adhiera o conteste agravios y se notificó al Juzgado interviniente. Con costas por el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"VI – Adentrándose en la cuestión de fondo, debe partirse de que el derecho a la 'doble instancia' o 'revisión plena de los pronunciamientos' se encuentra ínsito en el derecho de defensa en juicio contenido en el art. 18 CN y en los Pactos Internacionales que tienen supremacía por sobre las leyes de forma. La Ley Procesal del Trabajo 7987 debe ser analizada y aplicada en armonía con los principios y garantías superiores de las Cartas antes indicadas; y en caso de colisión priman necesariamente estas últimos. [...] En esa línea, en la causa 'Marchal Juan s/ Apelación' del 10 de abril de 2007, la Corte receptó de manera expresa la doctrina de la CIDH, entendiendo que el elenco de garantías mínimas previsto por el art. 8, apartado 2, de la Convención Americana es aplicable a los órdenes definidos en el numeral 1° de idéntico artículo, con lo que también en los procesos civiles, laborales, comerciales, contenciosos administrativos, etc., todo individuo tiene derecho a una segunda instancia jurisdiccional en la que un juez o tribunal de superior jerarquía orgánica al que dictó el fallo, revise en forma amplia el contenido de la sentencia."
"VII – Compartiendo este criterio, entendemos que la celeridad procesal, que impera como pauta directriz del juicio ejecutivo, no puede de ninguna manera prevalecer por sobre la garantía constitucional del debido proceso, con lo que, si la defensa sustantiva de prescripción resuelta por la Sra. Jueza Aquo no es de factible revisión en juicio ordinario ulterior por los motivos antedichos, la vía recursiva de alzada no puede denegarse, resultando inconstitucional el art. 75 LPT en cuanto así lo dispone."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta voto en disidencia; la resolución es acordada por la Cámara según el bloque dispositivo final.
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