ALEGRE GERVASONI, Carlos Diego c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo
El actor promovió demanda contencioso-administrativa contra la Caja de Previsión Social solicitando inaplicabilidad del régimen de movilidad introducido por la ley 1210, discriminación de ítems en recibos y restitución del aporte al Fondo de Sustentabilidad. El Superior Tribunal rechazó la demanda por considerar que no existe consolidación del régimen de movilidad anterior en el estatus jubilatorio y que la ley 1210 y el aporte al Fondo son constitucionales y proporcionados.
¿Quién es el actor?
Carlos Diego Alegre Gervasoni.
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
inaplicabilidad del régimen de movilidad jubilatoria (art. 6° ley 1210 que reemplaza art. 46 ley 561); ajuste automático del haber conforme a la redacción anterior (ley 742); detalle/discriminación de los ítems en los recibos de pasividad; inaplicabilidad y restitución de las sumas retenidas en concepto de aporte al Fondo de Sustentabilidad previsto en art. 8° bis ley 561 (incorporado por ley 1210); abono de diferencias e intereses.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda; se impusieron las costas al actor; se regularon honorarios (F. A. Santamaría 15 IUS; S. M. Tagliapietra y A. L. Bernal Renaudo, conjuntamente 25 IUS). Votación unánime de los jueces en el sentido de negar las pretensiones.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Ha expresado que el derecho adquirido importa el respeto a la situación de jubilado —Fallos 311:1213, 320:2825—; no el mantenimiento de ,leyes o reglamentaciones o la inmovilidad normativa o que el monto del haber siga siendo calculado por las mismas reglas vigentes a la fecha del cese en actividad, pues es atribución del Congreso disponer las pautas adecuadas para hacer efectiva la movilidad que consagra el artículo 14 bis de la constitución nacional..." (voto de la Dra. Battaini).
"En mérito a tales parámetros y precedentes, corresponde descartar en el caso los reproches que despliega el jubilado para fundar que la nueva preceptiva no se aplica a sus emolumentos. En suma, no media consolidación de la normativa bajo cuya vigencia cesó el actor, porque el sistema de movilidad reglado en la ley 561 — con la modificación de la ley 742— no fue adquirido como un componente de su estatus jubilatorio." (voto de la Dra. Battaini).
"Así, no corresponde adicionar intereses a los ajustes liquidados en ese concepto, porque no hay mora del organismo demandado que se limitó a seguir la pauta semestral válidamente fijada en la ley 1210... la discriminación de los ítems que conforman esos emolumentos no es una exigencia normativa..." (voto de la Dra. Battaini).
Sobre el aporte al Fondo: "Es desacertada la afirmación sobre la indeterminación de la remuneración del gobernador. La letra misma del precepto precisa que el parámetro a adoptar para cuantificar el exceso está integrado por los ítems sujetos a aportes y contribuciones previsionales detallados en la liquidación correspondiente... finalmente, no se ha demostrado el resultado desproporcionado por la aplicación del precepto y el cotejo de los recibos de haberes del accionante evidencia que, desde su implementación, el aporte al Fondo de Sustentabilidad Previsional nunca alcanzó el 10% del haber jubilatorio bruto mensual del señor Alegre Gervasoni." (voto de la Dra. Battaini).
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. María del Carmen Battaini propuso y fundó la negativa; el juez Carlos G. Sagastume adhirió y reprodujo sus fundamentos; los jueces Edith M. Cristiano, Ernesto A. Lóffler y Javier D. Muchnik adherieron y votaron en igual sentido. El dispositivo final rechazó la demanda y resolvió conforme a la propuesta mayoritaria.
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